La decisión que hoy va a tomar el Parlamento de Cataluña sobre la prohibición o permanencia de las corridas de toros en aquella comunidad autónoma ha generado una polémica social que, paradójicamente, está siendo más importante que la producida por otros problemas mucho más acuciantes como el paro, la reforma laboral o las medidas de ajuste presupuestario en las instituciones españolas.

En cualquier caso, y a pesar de lo que digan algunas voces, la propuesta para suprimir las corridas de toros en Cataluña no parece estar subordinada a ninguna actitud independentista, ya que Canarias abolió la llamada “fiesta nacional” hace años y desde entonces nadie ha acusado a esta comunidad autónoma de querer romper la España “devota de Frascuelo y de María” de la que hablaba Antonio Machado.

No obstante, y al ser una cuestión que divide a la sociedad y a sus representantes casi a partes iguales, Cataluña debería haber agotado todas las posibilidades de consenso antes de llegar a una posición de máximos. En este sentido, las corridas de toros no sangrientas al estilo portugués podrían haber aunado las aspiraciones de los partidarios de este espectáculo, con las de quienes pretenden evitar el sufrimiento de un animal con fines lucrativos.

Sólo en el caso de que este consenso hubiera sido imposible, deberían prohibirse las corridas de toros tal como las conocemos, al tratarse de una celebración cruel y anacrónica que tiene poco que ver con la cultura, y mucho con el negocio.