El ministro de Fomento español, José Blanco, anunció ayer en Zaragoza un impulso definitivo a la construcción de la Travesía Central del Pirineo (TCP), con la próxima constitución de una Agrupación Económica de Interés Europeo para su desarrollo. El inminente encargo por parte del Estado español de un estudio técnico para la reapertura del Canfranc hacen concebir remotas esperanzas de que esta vez sí la cosa vaya en serio.

Son demasiadas ocasiones fallidas, demasiadas promesas incumplidas, demasiadas decepciones durante demasiados años, como para no desconfiar de las buenas palabras de cualquier responsable institucional. No obstante, y más allá de la credibilidad del ministro Blanco, hay un dato que debe mover a los aragoneses hacia la esperanza: en los últimos 30 años de constitucionalismo, nunca se habían considerado tan viables como ahora los procesos independentistas de terciopelo que ciertas entidades políticas, sociales y deportivas están promoviendo en Euskadi y Cataluña.

La presentación de dos iniciativas secesionistas por el parlamento vasco en menos de 10 años y la participación de un partido independentista en el gobierno tripartito catalán, pueden estar aconsejando a los gobiernos español y francés la conveniencia de abrir una vía carretera y ferroviaria de alta capacidad por el Pirineo central, ante la posibilidad de que las existentes quedaran enclavadas en dos nuevos estados no miembros de la Unión Europea.

De cualquier modo, y más allá de la política–ficción (la investidura de un ciudadano negro como presidente norteamericano también fue considerada política–ficción cinco años antes de que se produjera), lo cierto es que tanto la TCP como el corredor Cantábrico – Mediterráneo pueden dar sentido (ahora sí) a Aragón como territorio especializado en el sector de la logística.