La activista saharaui Aminetu Haidar, que hoy cumple su 22º día de huelga de hambre, se ha convertido en una inoportuna piedra en medio del engranaje que conecta a la dictadura marroquí con la moderna, democrática y europea España.

Los miembros del Gobierno de España y sus propagandistas mediáticos no se cansan de decir que nuestro país “ha hecho todo lo posible” por dar una solución al caso Haidar, al tiempo que insinúan que la situación persiste a causa de la tozudez de la activista saharaui.

Lejos queda de este análisis la exigencia firme a Marruecos para que cumpla la legislación internacional en su calidad de potencia ocupante del Sahara occidental, como lejos quedan también las resoluciones de Naciones Unidas que obligan a realizar un referéndum de autodeterminación en este territorio ocupado.

No es cierto que España haya hecho todo lo posible para buscar una salida justa al conflicto que ha creado Marruecos respecto a Aminetu Haidar. España podría amenazar al dictador marroquí Mohamed VI con romper relaciones diplomáticas si no cumple sus deberes como potencia ocupante del Sahara, y también podría suspender todos los acuerdos comerciales con el reino alauí, así como establecer voluminosos aranceles sobre las importaciones provenientes de Marruecos.

Evidentemente, España no va a tomar ninguna de estas medidas ya que por encima del imperio de la ley está la razón de Estado. Una norma no escrita por la cual una democracia europea debe doblegarse ante una dictadura magrebí, a cambio de que su sátrapa permita la deslocalización de empresas españolas hacia su territorio, así como la pesca en los ricos y ocupados caladeros del Sahara occidental.

España no “ha hecho todo lo posible”, sino “todo lo conveniente” para que unos pocos españoles sean cada vez más ricos destruyendo puestos de trabajo en España y creándolos en Marruecos.