En sus primeros cien días al frente del Gobierno de España, el Partido Popular ha tomado las medidas de política económica que se esperaban de él: ha destruido algunos de los derechos laborales que diferenciaban a nuestro país de los paraísos de la semiesclavitud, ha demolido buena parte de la capacidad del Estado como entidad redistribuidora de riqueza, y ha otorgado una amnistía fiscal a los grandes defraudadores mediante la cual podrán volver a la rectitud impositiva a cambio de abonar al erario un porcentaje inferior al que tributa cualquier mileurista, concretamente, un 10% de lo defraudado, que se convierte en un 8% en el caso de que los dividendos provengan de sociedades radicadas en paraísos fiscales. Una medida esta última que, según la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), no sólo es “contraria a la Constitución”, sino que además “puede provocar un derrumbe de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos, provocando efectos muy perjudiciales para nuestra economía”. Dice un proverbio…