Las dos crisis económicas consecutivas que venimos sufriendo desde 2008 (la financiera y la de los recortes) se han popularizado tanto que prácticamente cualquiera se atreve a exponer en público sus soluciones y ocurrencias. La última que lo ha hecho ha sido la Reina Doña Sofía, que durante un acto de Cruz Roja celebrado ayer en Málaga, se atrevió a pedir “una acción coordinada y compartida por todos los sectores de nuestra sociedad”. En este ejercicio de ecumenismo social, nuestra reina consorte olvidó que algunos “sectores de nuestra sociedad” ya sufren desde hace tres años los rigores de una crisis que no han generado, mientras los verdaderos culpables apenas han visto alterada su forma de vida. Apelar a “todos por igual” resulta, en este sentido, un enorme despropósito de…

>>> La entidad afirma que la privatización del sistema sanitario “supone un deterioro de la atención médica, en la que priman los beneficios económicos”

POR DEMETRIO CALVO NUENO (*) Será de colaboración público–privada, nos dicen nuestros políticos de cámara: un conjunto de empresas con ánimo de lucro construyen el hospital y lo gestionan total o parcialmente; la administración paga un canon por la construcción y la gestión, durante un periodo entre 20 y 30 años. Este canon será incrementado
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>>> CHA afirma que los recortes que se están llevando a cabo en el Centro de Alta Resolución de Ejea afectan tanto a los usuarios como a los sanitarios

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POR MARISA BABIANO  

>>> Las Urgencias del Hospital Miguel Servet han permanecido colapsadas durante los últimos días, mientras varias plantas del centro seguían cerradas

>>> El presidente de la OMC y la jefa del Ejecutivo aragonés mantuvieron ayer una reunión en Zaragoza

>>> Según Patricia Luquin, “lo que el Gobierno de Aragón está haciendo es cambiar radicalmente el modelo sanitario hacia un modelo de seguro social”

Si por “sistema” entendemos el marco establecido en la Constitución Española de 1978, habremos de entender como “antisistema” a todos los que se oponen al mismo y a los que tratan de anular sus efectos garantistas para lograr que las políticas antisociales que pergeñan no reciban una contestación ciudadana visible en las calles del país. Entre ellos hay que incluir, por supuesto, a la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que en octubre de 2012 hablaba de “modular” el derecho de manifestación; al eurodiputado popular Jaime Mayor Oreja, que ese mismo mes hablaba de limitar el derecho a la información periodística sobre movilizaciones sociales; o a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que en noviembre se mostraba partidaria de prohibir las huelgas generales…