Aragón actualiza sus derechos sobre el agua con la aprobación de una ley consensuada entre todos los grupos políticos

27. noviembre 2014 | Por | Categoria: Aragón

>>> Durante el proceso de elaboración de la norma se han aceptado o transaccionado 150 de las 190 enmiendas presentadas

Zaragoza.- La Comunidad Autónoma de Aragón cuenta desde hoy con una nueva Ley de Aguas y Ríos. Actualiza así sus derechos en esta materia y desarrolla los preceptos incluidos en el Estatuto de Autonomía. El texto ha salido adelante tras dos meses de trabajo en ponencia y con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Todos sus portavoces, Miguel Aso (IU), Joaquín Palacín (CHA), Elisa Sancho (PSOE), Alfredo Boné (PAR) y José Manuel Cruz (PP) han alabado las posturas abiertas al debate de sus miembros para conseguir que esta proposición de ley del Partido Aragonés sea “de todos”.

La norma otorga a Aragón las máximas competencias recogidas en el Estatuto y en la ley estatal e introduce la competencia exclusiva en las aguas que discurran íntegramente por su territorio; asegura la participación en la planificación hidrológica de recursos y aprovechamientos; la adopción de medidas adicionales de protección; la ejecución y explotación de las obras estatales si se convenían; las facultades de policía del dominio público hidráulico; la participación en el establecimiento de caudales ecológicos; informes preceptivos sobre transferencias de agua que les afecten; y reconoce los derechos a disponer de abastecimiento de agua en cantidad y calidad suficientes para consumo humano y actividades económicas; sistemas de depuración y fomento del ahorro.

Quizás uno de los puntos más importantes se refiere a la emisión de informes preceptivos por parte del Gobierno de Aragón y elevados a las Cortes para su aprobación en cuanto a trasvases. También aborda usos de la energía, que los beneficios de los aprovechamientos hidráulicos radiquen en el territorio y amplía la exención del impuesto del canon de saneamiento llamado ahora de contaminación del agua a personas con dificultades económicas determinadas.

Eso sí, el consenso ha hecho que aunque todos “estén cómodos” con esta ley, no estén del todo satisfechos. Hasta el mismo Boné, proponente de la iniciativa, ha dicho no estar “del todo satisfecho”. Y es que el PAR hubiera querido introducir una reclamación de las competencias ejecutivas más cercanas a la ciudadanía. Según Boné, “Aragón tiene capacidad para gestionar sus propios recursos, no necesita vigilantes, nuestro patrimonio hidráulico es nuestro, respetamos las reglas del juego y los acuerdos y sabemos lo que hacemos”, pero la ley ha quedado en “encomiendas de gestión” por chocar con la legislación estatal algunas cuestiones que defienden que sean de Aragón.

En esa línea se ha pronunciado también el diputado de CHA Joaquín Palacín, que ha subrayado que hubiera sido necesario eliminar del texto la reserva de 6.550 hectómetros públicos para necesidades de los aragoneses, ya que considera que éstas podrían ser mayores en alguna ocasión.

Eso sí, Palacín ha coincidido a su vez con el diputado de IU Miguel Aso en que tendría que haberse incluido en el texto que la gestión del ciclo del agua sea pública, criticando que se haya dejado la puerta abierta a la iniciativa privada, lo que consideran negativo puesto que es “un recurso estratégico”.

Por su parte, desde el PSOE, la diputada Elisa Sancho ha asegurado que se aproxima a una buena ley aunque no es la que hubiera presentado su grupo, pero ha destacado los avances que supone y sobre todo en lo que se ha recogido para incluir a la administración local y sus competencias. En esta materia, Palacín también ha criticado que no se haya aceptado una enmienda de su grupo para que se tenga en cuenta la opinión de los pueblos que se vean afectados por obras hidráulicas.

Finalmente, el diputado popular José Manuel Cruz sólo ha subrayado que se trata de una ley que estaba en el Pacto de Gobernabilidad entre PP y PAR.

Foto: archivo cronicadearagon.es

 

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