GM tendrá que indemnizar con casi 100.000 euros a la viuda del trabajador que estuvo expuesto al amianto

12. junio 2015 | Por | Categoria: Aragón

>>> La solicitante pedía 460.000 euros como indemnización pero el Juzgado de lo Social número 5 sólo le ha concedido 99.911,38

Zaragoza.- El Juzgado de lo Social número 5 de Zaragoza ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por Amparo M., cuya letrada es Susana Tirado, contra General Motors España para solicitar una indemnización de 460.000 euros por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de su marido, Luis Tirado, que estuvo expuesto al amianto entre 1983 y 1987 en la empresa por incumplir las normas de prevención de riesgos laborales.

Sólo recibirá 99.911,38 euros más los intereses legales desde la interposición de la demanda, dado que no reconoce cantidad alguna en concepto de lucro cesante y dice que no se ha acreditado. Además, recuerda que ya percibió 26.460 euros en concepto de indemnización correspondiente al seguro de vida, por lo que descuenta esa cantidad también. Expone además que en una resolución de 2011 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones resulta una cuantía para el cónyuge de 119.731,16 euros y la incapacidad temporal de 6.640,22 euros.

Contra la sentencia cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en cinco días y a través de este mismo juzgado.

La sentencia recoge que de la prueba practicada y teniendo en cuenta la normativa, GM no adoptó las medidas necesarias para mantener la concentración de fibras tan baja como fuese posible, “lo que hubiera eliminado o al menos disminuido el riesgo de contacto con amianto, como podía ser la instalación de sistemas de ventilación-extracción localizada para la captación de las fibras de amianto en el punto o foco de emisión, evitando su difusión o dispersión, o la utilización de métodos de limpieza por aspiración o en húmedo”.

Así, queda acreditado que la limpieza se realizaba por soplado con aire comprimido y ello favorecía la difusión o dispersión de fibras en el aire.

Por otro lado, señala que las mediciones que realizaron MAPFRE en 1984 y el INSHT en 1985 no fueron realmente representativas de la concentración existente en la zona de respiración de los trabajadores cuando se realizaba dicha operación de limpieza, “que con toda seguridad incrementaba sustancialmente la dispersión o difusión de fibras en el ambiente de trabajo”.

De este modo, indica que queda acreditado que Luis Tirado no fue protegido adecuadamente en su trabajo del peligro de contacto con el amianto y el origen profesional de la enfermedad que le causó la muerte, “el nexo causal entre el incumplimiento empresarial y el resultado dañoso es claro”. Por ello, dice que GM está sujeto al deber de indemnizar los daños y perjuicios derivados del fallecimiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ya reconoció en 2013 que la muerte de este trabajador estuvo vinculada a su exposición al amianto. Luis Tirado trabajó a temporadas, entre 1983 y 1987, en la nave de chasis con frenos de este mineral, aunque no fue hasta 2011 cuando se le diagnosticó el cáncer que terminó con su vida.

Su trabajo en esa nave era el lijado de zapatas para su posterior montaje, dado que había que ajustarlas al tambor de freno. El polvo generado tras la operación se eliminaba mediante soplado por aire comprimido hasta abril de 1986, cuando fue prohibido por la Inspección de Trabajo. No recibió orden alguna relativa a precaución en esa actividad de lijado de zapatas, ni usaba mascarilla. La nave no estaba aislada y hasta agosto de 1986 el modelo Opel Corsa usó amianto en las zapatas y pastillas de frenos, pieza que no se producía en la factoría sino que provenía de proveedores y en ocasiones había que remacharlas o lijar si había rebabas.

GM se oponía alegando la excepción de falta de “litisconsorcio pasivo” necesario de la empresa Sartopina, en la que estuvo prestando servicio Tirado en los años 1970 a 1974, pero la sentencia dice que la responsabilidad de ésta sería solidaria y “como tal no exige demandar a todos los responsables”.

Por otro lado, alegaban la modificación sustancial de la demanda al aportar un informe de inspección de diciembre de 2014, pero la sentencia dice que no se ha alterado ni la causa ni el suplicio y que la aportación del informe no supone variación sustancial ni limitando la defensa a la contraparte.

General Motors España negaba la existencia de responsabilidad de la empresa y consideraba que había cumplido toda la normativa aplicable en la materia. Además, sostenía que la cantidad indemnizatoria debía fijarse en 82.346,51 euros y descontar lo abonado por el seguro. No querían que procediese el factor corrector por indemnización del fallecimiento ni por incapacidad temporal ni tampoco lucro cesante.

Foto: archivo cronicadearagon.es

 

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