“Banco malo”, la penúltima factura social del fraude bancario

6. septiembre 2012 | Por | Categoria: Economía, Magazine

El pasado viernes 31 de agosto el BOE publicaba en edición especial una nueva entrega de la mal llamada “reforma” del sistema financiero. Desde 2010 van ya cinco intentos en otros tantos Reales Decretos Ley, tres de ellos en los últimos 6 meses. Todo un record de la inagotable paridera legal del Estado en su intento por salvar a la banca. En esta ocasión el Ministerio de Economía ha contado con la colaboración de los “negros” del Eurogrupo y las “musas” de los Mercados, que en esto de inspirar historias truculentas saben un rato ¿Servirá de algo? 62 artículos, 14 disposiciones adicionales, 6 transitorias y 16 disposiciones finales son un derroche de pirotecnia leguleya que no va a impedir que la crisis económica siga profundizándose. El mismo viernes, a poco de publicarse el RDLey 24/2012, el bono a 10 años español cotizaba en el mercado secundario de deuda próximo al 7%, con la prima de riesgo por encima de 550 puntos básicos. De chiste o de serie gore, como prefieran.

La cuestión fundamental es si la ciudadanía va a hacerse responsable del descosido bancario. Según la exposición de motivos del RDL en “la cuestión de quién debe financiar las medidas de reestructuración y de resolución de una entidad bancaria (…) el principio del que se parte es que los accionistas y acreedores han de sufragar los gastos de la reestructuración o resolución, antes que los contribuyentes, en virtud de un principio evidente de responsabilidad y de asunción de riesgos”. Teóricamente como vemos el criterio empleado para articular las medidas de reestructuración bancaria plantean de partida que el impacto sobre las cuentas públicas sea mínimo. No obstante, hay varios elementos que permiten pensar de manera muy razonable que este principio resulta de imposible cumplimiento y que al final lo pagaremos, como siempre, entre todos.

En primer lugar, se eleva la capacidad de endeudamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a 120.000 millones, que proceden de la ayuda de Europa y computan como deuda pública. No cabe duda de que se va a hacer uso de esta pasta, ya que el propio RDL tiene como objetivo fundamental regular precisamente las condiciones para “reestructurar y reordenar” los bancos inviables. Y no les quepa duda de que los habrá. De entrada, Bankia, Banco de Valencia, NovaGalicia Banco y CatalunyaCaixa, sostenidas con dinero público, han sumado unas pérdidas netas por valor de 7.542 millones de euros sólo en los primeros seis meses de este año. Las exigencias de capital que impone la nueva normativa y la deteriorada situación económica son claros indicadores de que habrá de ser con dinerito público con lo que paguemos el desastre bancario.

En segundo lugar, se exige que antes de recibir ayuda financiera pública de cualquier tipo, el banco que la precise agote previamente sus propios recursos, repartiendo los costes de su deterioro financiero. Los primeros serán los accionistas, y entre ellos está el propio FROB, que es un accionista más. Por otro lado, no podemos olvidar que muchos de estos accionistas son pequeños ahorristas que fueron abocados a convertirse en “banqueros” de entidades inviables como Bankia, uno de los mayores fraudes de la historia en este país. Asimismo, quienes también responderán serán los propietarios de participaciones preferentes, engañados masivamente por la banca, con la

cooperación del Banco de España y la CNMV, que miraron hacia otro lado. En cualquier caso, lo que interesa destacar es que con el precio actual de cotización de las acciones en bolsa o de las preferentes en el mercado de deuda privada, resulta impensable que sean suficientes para servir de cortafuegos antes de acudir al dinero de los contribuyentes. De ahí que el impacto de la factura acabe previsiblemente saliendo del bolsillo colectivo de la ciudadanía: más recortes.

En este punto conviene hacer una aclaración. No podemos decir que las entidades intervenidas se “nacionalicen” en el sentido común del término, sino que más bien pagamos a escote entre todos su rehabilitación para después venderlas a otras entidades financieras. Con el RDL esta operación se llevará a cabo por medio de un “banco puente” que, para entendernos, es la parte sana del banco en reestructuración, es decir se venden aquellas partes del negocio del banco que son rentables económicamente. La porquería nos la quedamos los ciudadanos a través de la llamada Sociedad Gestora de Activos, el conocido como “banco malo”. Y aquí viene la madre del cordero.

Este “banco malo” no es sino un gran cementerio inmobiliario donde van a parar los llamados activos tóxicos: terrenos sin urbanizar, viviendas embargadas, promociones fantasmas, acciones en sociedades inmobiliarias y promotoras, etc. Si tales activos envenenados se compran por el FROB a precio muy alto –como lo tiene la banca en sus balances– es imposible que el “banco malo” pueda generar beneficios vendiéndolos después a precios todavía mayores. Para eso ya los habrían vendido las propias entidades. Por otro lado, si la valoración de los activos inmobiliarios es baja, entonces serán los bancos quienes asuman la pérdida y será necesario inyectarles más dinero público para recapitalizarlos. Sí o sí, pagaremos los mismos paganos de siempre.

¿Podemos esperar a medio plazo que el “banco malo” arroje beneficios y permita recuperar los ingentes recursos públicos gastados? Es evidente que por la naturaleza del bien de que se trata sólo cabe colocarlo entre la propia población. Las recientes reformas de la normativa de alquileres y de las SOCIMI  (sociedades anónimas cotizadas del mercado inmobiliario) pretenden dotar de instrumentos para dar salida a este monstruoso empacho inmobiliario. Unas reformas, por cierto, pensadas para la banca y no para el pequeño propietario y mucho menos para los inquilinos. Hay que advertir además que ese empacho del “banco malo” lo va a ser muy residualmente con vivienda, lo que les sobra es lo peorcito de cada casa: pedregales, eriales y demás suelos “urbanizables”.

También existe la opción de que el “banco malo” cree “fondos de inversión inmobiliaria”, sociedades colectivas de inversión cuyas potenciales rentabilidades dependen de una cartera de inmuebles en alquiler. Es una forma de exportar el pufo y captar recurso del exterior pero, volvemos al punto de partida: ni serán en su mayoría pisos u oficinas las que vayan a integrar el patrimonio del “banco malo” ni las reformas se han hecho con voluntad de apostar decididamente por un modelo de vivienda en alquiler. Además, ¿hay algún alemán o finlandés despistado que quiera seguir jugando a la ruleta inmobiliaria española?

En cuanto a la posibilidad de dar salida a través de la compra, en un contexto de crisis grave y de restricción de crédito no cabe esperar que la ciudadanía pueda asumir semejante inversión, máxime teniendo en cuenta la sobredotación gigantesca de viviendas. Los datos oscilan según las fuentes, pero de acuerdo al Ministerio de Fomento, en 2010 existían en España 3.417.064 viviendas familiares vacías de un parque total en España de 25.837.108. A ello debemos sumar, oficinas, locales, naves, promociones sin terminar, suelo listo para construir, etc. Sólo en el último año entraron 10.050 millones de euros en ladrillo en el balance de las entidades financieras provenientes del canje de créditos morosos de promotores por viviendas y suelos. Es imposible digerir un monstruo que sigue creciendo.

En este sentido hay un aspecto importante a destacar. El capital social del “banco malo” estará formado por capital privado, teóricamente y como mínimo de un 50%. Es lógico pensar que ninguna entidad privada querrá meter sus cuartos sin tener certeza de sacar buena tajada. Con un exceso de oferta inmobiliaria, es decir, más bienes inmuebles que clientes capaces de pagarlos, el precio tirará a la baja. Dado el plazo de 15 años con que cuenta el “banco malo” para desinvertir, es razonable pensar que llegará un momento, se supone que cuando el crédito se reactive, en que la exigencia de hacer rentable la inversión obligará a adoptar “soluciones” como las planteadas en Irlanda donde se está optando por demoler vivienda para que el precio se recupere. Este país acumula un desplome del 57% en Dublín, mientras que en el resto del estado el descenso es del 47%, porcentajes respecto al máximo registrado en febrero de 2007.

La vergüenza de lo que sucede en Irlanda, y posiblemente en España, es la consecuencia de haber tolerado convertir un bien social en pura mercancía. La misma “lógica” que cuando los supermercados y grandes distribuidores arrojan toneladas de comida al contendor. No son alimentos, son mercancías, y por tanto antes que un destino natural (ser consumidos por quienes tienen hambre) su finalidad es obtener lucro. No es la lógica, sino la rentabilidad. Con cientos de miles de personas desahuciadas desde 2007 y las tradicionales necesidades de vivienda por la formación de nuevos hogares, sería un atentado a los derechos de la ciudadanía que se optase por demoler pisos. Hay otras formas de “recuperar lo invertido”, y una de ellas es destinar a usos sociales, como alquileres accesibles, el parque de viviendas que finalmente nutra el balance del “banco malo”. Entre otras razones porque la “rentabilidad social” es un valor que debe tenerse siempre en cuenta. Y sobre todo, porque nuestra economía no puede seguir tolerando depender del ladrillo. Y el “banco malo”, como su nombre indica, puede ser una peligrosa tentación para el futuro.

Foto: World Economic Forum

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