España, el “paraíso legal” de los abusos bancarios

14. abril 2016 | Por | Categoria: Economía, Magazine

POR BARTLEBY, EL ESCRIBIENTE

Parafreseando al poeta francés Paul Eluard diríamos que hay otros paraísos fiscales pero están en éste. Muchas veces no hace falta enviar remesas de estranjis a Panamá, Andorra o Luxemburgo para trilar a la ciudadanía. El engaño nace de forma cotidiana a la luz del día y con todas las bendiciones legales. De vez en cuando se ventila uno de estos limbos y es cuando nos damos cuenta del cartón piedra en que vivimos asfixiados. La banca española sabe mucho de esto. Del surrealismo de la salida a bolsa de Bankia a la inmaculada concepción de las “preferentes”, todo parecía seguir un orden sagrado. Sin embargo, la última máscarada en caer vuelve a ponernos sobre aviso.

El pasado día siete de abril se dió a conocer una sentencia que tumbaba las “clásulas suelo” impuestas prácticamente por todo el sistema bancario español. Como sabrá el lector, estas clásulas eran incluidas en las escrituras de préstamo a tipo variable para impedir que el cliente se beneficiara de las posibles caídas de tipos por debajo del tope marcado por las mismas. Es fácil imaginar que en el contexto de tipos bajos desde hace años, los hipotecados no se han podido beneficiar de su descenso, pagando de más injustamente. Eso sí, si estos índices suben, como acabarán haciendo, les tocará pagar sin límite, o como mucho hasta exorbitantes límites del 12 o el 15%.

Lo primero que llama la atención es que prácticamente todo el sistema bancario español empleara estas clásulas en sus contratos. La demanda inicial que ha motivado la sentencia del pasado día siete, se presentó contra ¡101 entidades!, de las que el proceso de purga bancaria ha dejado en apenas cuarenta ¿Cómo es posible este efecto imitación? ¿No hay un regulador que controle? Ni lo hay ni se le espera. El Banco de España es el organismo responsable de supervisar las prácticas de la banca con sus clientes. Pero su labor, en este como en otros muchos casos, ha sido prácticamente de cooperador necesario.

En septiembre de 2009, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad una moción que instaba al entonces Gobierno del PSOE a informar contra las “prácticas abusivas” de algunas entidades en relación a las hipotecas. El Informe elaborado por el Banco de España se hizo público en mayo de 2010. En él, el organismo entonces presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez llegó a la conclusión de que las “cláusulas suelo” eran muy importantes para la banca al tratarse de un factor clave para “la estabilización de los rendimientos” ya que permitía “mantener un rendimiento mínimo a las entidades” y “resarcirse de los costes de producción y mantenimiento de estas financiaciones (préstamos hipotecarios)”.

Toda la argumentación se basó en tal premisa: estas clásulas sirven para dar beneficios a la banca y mantener su negocio. Que constituyan un abuso a los derechos de sus clientes no parece que resultara importante. Además de como contribuyentes, los hogares se convertían así en rescatadores de la banca ¿Para quién trabaja el Banco de España?

En 2011, la entonces ministra de Economía, Elena Salgado, elaboró la normativa que regulaba las relaciones entre la banca y sus clientes. Una Orden Ministerial que en su articulado recogía expresamente la licitud de la “cláusulas suelo” siempre que se informara de ello a los consumidores (¡faltaría más!)

Este es uno de los argumentos en los que se basó la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013 para bendecir en vía judicial a la cláusula suelo. Si bien estableció que en los casos concretos enjuiciados por la sentencia (referidos exclusivamente a BBVA, Cajamar y Abanca) no se había informado correctamente a los clientes y hubo por tanto una aplicación abusiva de esta cláusula. Pero volvía a remarcar su “licitud”.

Además, en esta sentencia el Supremo estableció que, pese a haber declarado abusivas las cláusulas suelo de estas entidades, no tendrían que devolver las cantidades que indebidamente hubieran cobrado a sus clientes. Entre las razones esgrimidas para justificar esta delirante decisión, el Supremo argumentó el “daño económico” que podría causar a las mismas si se les obligaba a devolver hasta el último céntimo cobrado desde el primer día del contrato. El daño económico a millones de familias no pareció preocupar mucho al Supremo. No conviene perder de vista que quienes han provocado esta lamentable situación y han puesto en riesgo su propio negocio han sido precisamente los bancos, no las familias engañadas ¿Responsabilidades en la banca? Ninguna.

Para quienes todavía piensen que la Justicia en España es igual para todos, hay que decir que la jueza que dictó sentencia el pasado siete de abril recurre a esta “jurisprudencia” del Supremo. En virtud de ella, liberó a las entidades de cualquier obligación de devolver todo lo cobrado por la aplicación de las cláusulas suelo. Sólo les impone que paguen lo que se embolsaron desde la fecha de la Sentencia del Supremo, mayo de 2013. Queda así “perdonado”, por arte de birlibirloque, el dinero defraudado a sus clientes desde la firma de las hipotecas, algunas contratadas en 2006. Lo demás, a la cuenta de beneficios para pagar nóminas a banqueros y ex políticos que se sientan en sus consejos de administración.

A este respecto hay que decir que nuestra normativa es clara: si una cláusula es abusiva y un juez la declara nula, hay que devolver al cliente todo lo cobrado injustamente desde el mismo día de la firma del contrato. Precisamente esta cuestión se está discutiendo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión Europea ya remitió hace unos meses su informe a este Tribunal. Su argumentación se basa en una Directiva de 1993 que prohíbe que una cláusula declarada nula pueda producir, o haber producido jamás, cualquier efecto negativo para el consumidor. Por tanto, las entidades deberían devolver las cantidades mal cobradas por la banca desde que se firmó el préstamo.

No sería la primera vez que Europa da un revolcón a la normativa hipotecaria española, lo que evidencia que los negocios de los caciques bancarios en nuestro país están bien protegidos por auténticos “paraísos legales”.

Foto: Luis García (Zaqarbal)

 

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