La ignorancia (consentida) del consumidor

30. diciembre 2015 | Por | Categoria: Columna Invitada, Magazine, Opinión

POR ILICH LUIS AJATES MECA

No resulta infrecuente que las compañías de telecomunicaciones añadan a la factura de teléfono “gastos por impago”. Esta práctica, muy extendida y sistematizada, se da cuando el banco donde tiene sus recibos domiciliados el cliente devuelve el recibo. En esta situación, la compañía automáticamente cargará cerca de 25 euros, sin necesidad de haber reclamado el pago.

Esta práctica es abusiva e ilegal y contraría lo dispuesto en los arts. 80 y ss. de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Cierto es que las empresas pueden cobrar un importe adicional si el banco devuelve un recibo, pero tal importe debe estar justificado con una actuación posterior de la empresa que, al reclamar dicho pago, ha asumido unos costes adicionales. Pero no es menos cierto que estos importes no pueden ser desproporcionados ni deben producirse automáticamente, sin obedecer a unos costes ciertos, consecuencia de gestiones adicionales.

Ante estas situaciones, la mayoría de clientes se resignan aceptando un pago desmesurado que generará a la empresa unos beneficios inauditos. Los que finalmente denunciamos nos exponemos a un procedimiento, aunque gratuito, largo y que no terminará imponiendo el reintegro del importe cobrado indebidamente, para lo que deberemos acudir al Juzgado (del domicilio social de la empresa) asistido de abogado y procurador, hecho que supone que el cliente tenga que pagar más por la salsa que por los caracoles.

Tampoco ayuda sistema económico que no informa a los consumidores de sus derechos debidamente, ni la falta de medidas de concienciación y divulgación que las instituciones competentes deberían afrontar, interesándole al legislador que los propios servicios provinciales de consumo sean competentes no solo para poner “multas”, sino pudiendo imponer que se reintegre al consumidor el importe indebidamente cobrado.

Esto simplificaría los procedimientos y, unido a una adecuada educación y concienciación de los consumidores, erradicaría prácticas que suponen una lacra para los intereses y derechos de quienes en la actualidad, se encuentran desprotegidos con la complacencia de los poderes públicos, se han convertido en una especie de David contra Goliat.

Foto: archivo cronicadearagon.es

 

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