La mitad de las empresas aragonesas tarda cada vez más en cobrar

15. julio 2011 | Por | Categoria: Economía, Magazine

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La ley de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, fijaba unos plazos de pago obligatorios para las Administraciones Públicas y para las empresas con el objetivo progresivo de alcanzar en el año 2013 un tiempo máximo de 30 ó 60 días. Sin embargo, la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza ha comprobado el incumplimiento sistemático de la ley. Un panel de opinión elaborado el mes pasado por la Cámara a partir de la opinión de más de 400 empresas, revela que un 47% tarda más en cobrar que hace dos años y que sólo el 4% ha visto mejorada su situación.

 

El incumplimiento de la ley afecta sobre todo a sectores como construcción (51%) y comercio (53%), que todavía sufren más demoras que en 2009.

 

Entonces, un 70% de las empresas de Aragón advertía de que sufriría problemas de liquidez si se mantenían los problemas de morosidad y cerca del 15% temía que los retrasos le llevarían a cerrar. Los datos de la Cámara de Comercio estiman que más del 60% de las empresas sufre problemas de morosidad y de retrasos. En resumen, en 2009, en las primeras fases de la crisis, se agravó el problema; en 2010, se legisló para solucionar la morosidad; y en 2011, la situación ha ido incluso a peor.

 

Por todo ello, el Pleno de la Cámara de Comercio de Zaragoza exigió el cumplimiento de los plazos de pagos establecidos por la ley, ya que está en juego la supervivencia de miles de pymes de la comunidad. La institución cameral denuncia el incumplimiento sistemático de la ley de lucha contra la morosidad y recuerda que la racionalización de los plazos de pago es una condición indispensable para la recuperación económica y del empleo.

 

El problema ya causó el cierre de pequeñas empresas y puede agudizarse en 2011 por la asfixia financiera que sufren las pymes, víctimas de los impagos y los retrasos de grandes compañías y Administraciones públicas. Además, se produce en encadenamiento de impagos, que al final perjudica a la parte más débil de la cadena que ve retrasados los cobros mucho más allá de lo soportable, en especial en casos de subcontratación: las pequeñas empresas y los autónomos.

 

La Cámara de Comercio quiere insistir en la necesidad de articular medidas complementarias que solucionen de una vez los retrasos de los pagos en España, medidas como la urgente incorporación a nuestra normativa de la Directiva 2011/7 de la Unión Europea (UE), la vinculación del pago del IVA de las pymes al cobro real de las facturas, o el reconocimiento por parte del sector público de la deuda con los contratistas en el mismo momento que autoricen la operación, así como la incorporación de instrumentos y facilidades financieras.

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