“Leyes de pobres”, los nuevos derechos sociales

30. diciembre 2016 | Por | Categoria: Economía, Magazine

POR JOSÉ S. LÓPEZ

El pasado 24 de diciembre se publicó el real decreto ley que regula el llamado “bono social”, es decir, el descuento que las compañías eléctricas deben aplicar a los “consumidores vulnerables”, para los cuales además se establecen medidas que aplacen los cortes de luz en caso de impago. Este decreto ley pone negro sobre blanco un acuerdo entre PP y PSOE al que finalmente se sumó para la foto Ciudadanos. Al margen de las críticas recibidas, interesa destacar el papel jugado por las comunidades autónomas a la hora de anticipar medidas semejantes para este colectivo “vulnerable” de la población.

Aragón aprobó sendas normas para regular las emergencias sociales en materia de energía y vivienda. La ley 9/2016 sobre “pobreza energética” establece una serie de mecanismos tendentes a evitar la interrupción del suministro de electricidad y gas. Con similar espíritu la ley 10/2016 sobre prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales trata de garantizar la “efectividad de los derechos sociales” y en particular el referido al acceso a la vivienda. Tanto en una como en otra ley se atiende para su aplicación a la situación de vulnerabilidad y emergencia de sus destinatarios. En Aragón puede decirse, sin entrar al detalle, que se han cumplido los compromisos con las competencias asumidas.

Difícilmente puede dudarse de la necesidad de estas medidas. El número de familias en esta situación revela que la pobreza o el riesgo de caer en ella son hechos cada vez más frecuentes. Sin embargo, es menester señalar que este tipo de soluciones, aun siendo inexcusables, no cabe tildarlas de “políticas sociales”. Para ser precisos hablaríamos de medidas de corte asistencial, las cuales deberían ser residuales en un Estado que se ha otorgado así mismo el título jurídico de “social”.

Estas auténticas “leyes de pobres” forman parte de la tradición liberal donde el “mercado” gobierna a la sociedad. Parece que sólo con la “vulnerabilidad” se produce una ruptura manifiesta de la igualdad contractual que se presume entre partes, entre quienes deciden los precios de un suministro básico o una vivienda y aquellos que pretenden acceder a ellos. Tal situación de vulnerabilidad sería por tanto la excepción al mito armónico de la igualdad en el mercado. Pero lo cierto es que tal desigualdad es estructural. Una desigualdad que fluye por el cuerpo legal y se reconoce en las decisiones de unos poderes públicos que gobiernan para el 1% del censo electoral. Las recientes sentencias europeas que han puesto en la picota la normativa hipotecaria y el papel del Tribunal Supremo constituyen buena muestra de ello.

La pretensión de suplantar derechos sociales por derechos asistenciales supone reconocer, más allá de cuestiones semánticas, que aquellos sólo caben cuando el Estado pueda pagarlos, lo cual es aceptar la lógica del mercado. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ratificado por nuestro país en 1977, no sólo prohíbe el retroceso de estos derechos, máxime en tiempos de crisis, sino que apura a impulsar todas las vías posibles para ponerlos en marcha. Es evidente que las normas quedan en papel mojado sin una fuerza política y social que las exija.

Pero rebajar tales derechos a necesidades urgentes no sólo supone un retroceso del Estado de justicia a otro de beneficencia. Como decía Norberto Bobbio, los derechos sociales constituyen la condición para el ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad y la dignidad. Ahora bien, el impulso de auténticas leyes sociales dependerá en gran medida de que seamos capaces de recuperar los bienes y servicios públicos para su gestión y dirección por quienes somos sus legítimos poseedores, las clases populares trabajadoras.

Imagen: Cuadro “Jóvenes trabajadores del acero”, de Iván Bevzenko (1961)

 

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