Nazismo e indultos bancarios

19. abril 2013 | Por | Categoria: Magazine, Opinión

POR BARTLEBY, EL ESCRIBIENTE

Con la alevosía que viene siendo habitual, el gobierno aprobó el pasado viernes 12 de abril un real decreto (RD 256/2013) para determinar los criterios de “honorabilidad” comercial y profesional necesarios para ejercer como directivo en una entidad de crédito, incorporando así las directrices de la Autoridad Bancaria Europea. Estas directrices europeas no tenían carácter vinculante para los estados, pero el partido en el poder ha estimado incorporarlas como obligatorias. Ahora veremos las razones para ello.

“Honorabilidad” y “banca” forman un oxímoron que el gobierno ha empleado en esta ocasión para absolver de sus pecados al delincuente Alfredo Sáenz y permitirle continuar en su cargo como consejero delegado del Santander. Una demostración de privilegio de casta.

Un historial de vergüenza

Hagamos memoria. En 2011 Alfredo Sáenz fue condenado por sentencia firme a tres meses de cárcel e inhabilitación para ejercer funciones como banquero por un delito de acusación falsa cuando presidía Banesto. El Gobierno “socialista” de Zapatero lo indultó por decreto en 2011 “a condición de que no volviera a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del presente real decreto” (http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19378.pdf). Esta bochornosa decisión permitió al pillo Sáenz seguir ejerciendo como segundo de Botín.

A finales de febrero de este año el Tribunal Supremo anuló en parte este indulto (Sentencia de 20-02-2013 Sala 6ª de lo contencioso administrativo), en concreto la referencia que dejaba sin efecto “cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria.” Con esta sentencia ya no podría proseguir con su labor como consejero delegado del Santander.

Como ocurrió con ZP, le ha faltado tiempo al actual gobierno, de dar luz verde a un nuevo decreto para permitir a Alfredo Sáez pasar por el ojo de una aguja y continuar como banquero. O sea, un decreto del PSOE de perdón, una sentencia negándolo en parte y otro decreto del PP para salvarle el cuello. Un pim pam pum entre poderes constitucionales y todo un serial jurídico vergonzoso que al parecer no daña la “marca España S.A.”

Un tribunal de excepción

Con este decreto 256/2013 se da poder al Banco de España para que nombre una comisión “de expertos independientes” que informe de los expedientes de banqueros en los que concurra “condena por delitos y faltas”. Le sugiero al linotipista del BOE que la próxima vez habilite un espacio en blanco y anote a continuación: “rellénese con el nombre del interesado”.

Que persista el derecho medieval de indulto en nuestra Constitución es de un atavismo insufrible, pero que se imprima con premeditación un salvoconducto para dar indulgencias por decreto es la demostración más palpable de que el feudalismo está atado y bien atado en este país.

La creación de semejante “Comité de Salvación Bancaria” significa imponer un tribunal extraordinario que deja al margen de la justicia a un grupo de privilegiados. Precisamente aquel sector empresarial que por sus intereses más arriesgado puede resultar para la economía. Como los hechos catastróficos están demostrando

No todos somos iguales ante la ley

Con el objeto de “guiar” la resolución de este “Comité bancario”, el texto del decreto establece que en la apreciación de la “honorabilidad” del banquero, sin la cual no puede ejercer como tal, se tendrá en cuenta la “conducta personal, comercial y profesional” que “haya venido mostrando”.

Si pasamos el traductor a esta frase podemos comprobar dos cosas. Primera, que se ha de valorar toda la trayectoria, diluyendo así una condena penal, como es el caso de Alfredo Sáez. Y en segundo lugar, más importante, que la conducta “personal y comercial” (ética y jurídica) se sitúa en el mismo plano que la conducta técnica. Es decir que a un siervo tecnócrata se le debe pasar por alto sus condenas penales: está por encima de lo humano. La eugenesia social que destila esta norma es impropia de la Constitución y digna de un juicio de Nuremberg.

Para explicar de forma razonable semejante aberración legal podría traer a colación la financiación bancaria de los partidos, así como las “puertas giratorias” que permiten trayectos de ida y vuelta entre organismos públicos y grandes empresas. Creo que basta su simple enunciado para motivar una reflexión en el amable lector. Voy a plantear a modo de conclusión otras dos cuestiones distintas.

Gobierno de la excepción

En primer lugar, es menester traer a colación que la Comisión Europea analizará con lupa el reciente decreto Andaluz contra los desahucios para comprobar su impacto sobre el crédito de 40.000 millones concedido al rescate de la banca. Sin embargo, no parece que tenga el mismo interés en analizar si con este último decreto de perdón a un banquero (en definitiva a todos), el Gobierno español está violentando la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ES:PDF), en particular sus artículo 20 (“Igualdad ante la ley”) y 21 (“No discriminación”).

Que un “contrato de préstamo”, el famoso Memorandum de Entendimiento firmado por el gobierno en junio pasado, sirva de base legal para establecer las relaciones políticas y sociales entre España y Europa, y entre España y sus ciudadanos, demuestra que nos encontramos en un estado de excepción. Las garantías y derechos fundamentales han sido abolidos de facto por una Europa de acreedores y deudores. Una réplica exacta de aquel “decisionismo político” que fundamentaba la política en una distinción entre “amigos” y “enemigos” y sirvió para justificar jurídicamente la Alemania nacionalsocialista. La excepcionalidad de indultar a un banquero (un “amigo”) responde a este mismo ideario.

Sin responsabilidad sólo queda corrupción

Advertir por último del grave riesgo que supone ignorar el principio de responsabilidad en las pautas de funcionamiento políticas y económicas. El discurso ideológico neoliberal ha provocado que el dogma de la “mano invisible” se filtre por todas las capas de los poderes públicos: nadie es responsable. Una ideología del todo vale en la que todo sucede por mor de esotéricos logaritmos financieros y decisiones ajenas a lo humano. Como diría el patán entrañable de Homer Simpson: “yo no he sido, cuando llegué ya estaba así, qué buena idea jefe…”

Aunque el principio de responsabilidad se dirige a los poderes públicos ninguna zona de poder debería permanecer en la sombra y ser ajeno a su aplicación. Y entre ellas por supuesto el poder financiero. Pero ¿de qué sirve acudir como último reducto a un tortuoso procedimiento judicial, lleno de minas y trampas, si luego el dedo absolutista de un gobierno decide eximir a los responsables? Díganme, ¿que opciones nos queda a los ciudadanos de segunda clase?

Foto: Bcº Santander (Alfredo Sáenz)

 

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