¿Nueva política de alquiler? Lo que es bueno para la banca es bueno para España

21. diciembre 2012 | Por | Categoria: Economía, Magazine

El pasado día 12 de diciembre Rafael Catalá Polo, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, compareció ante la Comisión de Fomento del Congreso para exponer la política de vivienda que va a impulsar su departamento. Pueden leer su intervención en el Diario de Sesiones del Congreso en este enlace: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-235.PDF

En su comparecencia Rafael Catalá vino a abjurar de la criminal política de vivienda que se ha venido imponiendo en España y en su lugar “fomentar el mercado del alquiler residencial”. De pronto, un secretario de estado en este país se erige en acusador popular de tales políticas advirtiendo que hay que “dar la vuelta a una situación consolidada en las dos últimas legislaturas”. Al margen de que olvidó mencionar que si en España hay solo un 17% de la población en alquiler ello se debe también a las decisiones tomadas durante las dos legislaturas de Aznar, el hecho cierto es que con su intervención dejó claro que si en este país tenemos querencia por la “cultura de la propiedad” ello se debe a decisiones políticas. Y de paso nos recuerda que atribuir al “Mercado” el papel único de redistribuidor de la riqueza es una pamplina ideológica para justificar el engorde de unos pocos.

La rácana política de viviendas en alquiler

Un breve recordatorio. Según datos del Observatorio Social de España, entre 1998 a 2000, el gasto público en vivienda descendió desde 1324,4 millones de euros a 1039,2 millones de euros. Sólo en 2005 volvió a sobrepasar la cifra de 1998, con 1560,9 millones de euros. Cifras que revelan la escasa aportación pública en materia de vivienda, y que se convierte en testimonial si nos referimos a la aportación en alquiler. En 2005 de 95.255 viviendas de protección oficial iniciadas sólo 18.648 lo fueron para alquiler.

En cualquier caso podríamos decir aquello de “nunca es tarde si la dicha es buena”. Pero una lectura entre líneas de la comparecencia del secretario de Estado de Vivienda nos va a permitir demostrar que no lo hacen precisamente por la ciudadanía y sus necesidades, sino para reactivar el mercado inmobiliario y en interés de la banca.

Una nueva metedura de pata de Rajoy

El Secretario de Estado no desgranó en su comparecencia todas las propuestas concretas de su departamento. Algunas se conocen por un proyecto de ley que ya circula. En el fondo vienen a suponer, entre otras medidas, el rescate de las ayudas directas que concedía el gobierno de Zapatero y que Rajoy, en su pertinaz sensatez, eliminó. Al parecer  se pretende costear hasta 200 euros a aquellas unidades familiares que ganen menos de 1.600 euros al mes (22.365 euros anuales) y alquilan un piso por 600 euros o menos. Ya veremos en detalle el demonio de la letra pequeña. Concentrar las ayudas al alquiler “en los grupos sociales más vulnerables” y tomando la unidad familiar no sé si supone a estas alturas reconocer como destinatarios de esas ayudas a una mayoría creciente de ciudadanos, o a una parte residual. Como es propio de un gobierno ultraconservador, la caridad es su “justicia social”.

El fondo social de viviendas tiene un precio

Otra medida propuesta es movilizar todos los pisos de la banca que no se traspasen al Sareb (o sea, al “banco malo” que pagamos todos) a un “fondo social de viviendas”. Es la medida que se esbozaba en el Real Decreto-ley 27/2012, de medidas para la protección de los deudores hipotecarios. Este fondo social de viviendas va destinado a alquiler con “precios bajos” para personas que han perdido su hogar consecuencia de lanzamientos por ejecuciones hipotecarias de los banco. El propio secretario de Estado dice expresamente que “estamos hablando con las entidades financieras de que deberían situarse en una horquilla en torno a 150 y 400 euros”.

Es decir, después de desalojar de su hogar a la gente merced a un procedimiento hipotecario injusto que, además, permite al banco seguir reclamando la deuda no satisfecha, encima hay que pagarle un alquiler. ¿Qué concepto de justicia maneja el PP?

En Francia expropian

En estas semanas desde Francia ha llegado la noticia de que la ministra de Vivienda, Cécil Duflot tiene pensado expropiar pisos vacíos para alojar en ellos a familias sin techo. También nuestros vecinos padecen los rigores del mercadeo neoliberal. En el país galo malviven hacinadas más de un millón de personas y 700.000 carecen de techo. Mientras, el Instituto francés de estadística calcula que hay dos millones de casas sin inquilino (¡es España tres millones!). Es evidente que esta medida carece del alcance social necesario ya que sólo va destinada a personas en situación extrema, que por supuesto hay que atender. Pero ya sabemos lo que viste en las sociedades “opulentas” eso de poner “un pobre a la mesa”, sobre todo en navidad. En cualquier caso, nada impide legalmente en nuestro país adoptar una decisión similar y con dimensión más amplia. La expropiación es una posibilidad que reconoce nuestra Constitución, cuyo artículo 128 nos recuerda que toda la riqueza de un país está subordinada al interés general. Repito, “interés general”.

El cambio en política de vivienda es para reactivar el negocio

Pero al margen de las críticas a las medidas previstas es necesario detenerse a analizar los criterios bajo los que nace este aparente giro en materia de política de vivienda. Tales principios no surgen en virtud del derecho constitucional a una vivienda digna, ni bajo el mandato, también constitucional de que los poderes públicos deben remover los obstáculos que impiden a los grupos sociales su pleno desarrollo. ¡Qué va! Los principios que inspiran este giro en materia de política de vivienda están a medio camino entre “a la fuerza ahorcan” y volver a convertir en negocio un derecho.

Financiar el lastre de la banca a través del alquiler

“A la fuerza  ahorcan” por que eso del “banco malo” no va a suponer un desatascador del sumidero inmobiliario. Si no hay crédito difícilmente va a haber quien compre vivienda. Un circulo vicioso que no se rompe sólo por amontonar la mierda y bajar su precio. Sobre todo si siguen empeñados en políticas económicas suicidas. Así que alguna solución hay que darle a la banca y su bilis de ladrillo. Y nada mejor que financiarla subvencionando al inquilino.

Siempre podemos decir aquello de “gato blanco, gato negro… el caso es que cace ratones”. Pero no nos engañemos. Este cambio de orientación en política de vivienda está cimentado sobre intereses ajenos al auténtico derecho de acceso a una vivienda. Convertir el alquiler en mercancía de primer orden, a la larga, va a suponer un vuelta a la especulación. En palabras del secretario de Estado “el objetivo es convertir el alquiler en una verdadera opción de  acceso a la vivienda sin que esto suponga ningún menoscabo para la vivienda en propiedad.”

De políticas públicas a empresas privadas

Y mientras vuelve la añorada propiedad hay que hacer de la necesidad virtud y convertir en negocio el alquiler para dar oxígeno a la banca. Con este objetivo se van a potenciar las llamadas SOCIMI, un “un instrumento de inversión ciertamente potente  orientado al mercado inmobiliario de arrendamientos” en palabras del secretario de Estado.

Las Sociedades de Inversión Inmobiliaria están reguladas desde 2009 y su actividad principal es la inversión en activos inmobiliarios de naturaleza urbana para su alquiler. Arrendando casas, vamos. Como la ley obliga a estas sociedades a la distribución de los beneficios en un 90% se supone que cuando los haya los accionistas siempre recogerán dividendos. Es un estímulo al ahorro escondido bajo el colchón ante la falta de crédito, a ver si los inversores se la juegan.

La política pública que ha adelantado el secretario de Estado no es sino un incentivo público para que el mercado de alquiler comience desperezarse y resultar atractivo a estas SOCIMI para que, a la postre, vengan a sustituir a la acción del Estado. Eso significa “flexibilizar los requisitos exigidos a  las SOCIMI”.

Alquileres para el lucro

La estrategia del Ministerio de Fomento no es otra que estimular un mercado, engordarlo con ayudas públicas y después entregarlo en bandeja al sector financiero a través de las SOCIMI. El proyecto de Ley de Medidas para Flexibilizar el Alquiler presentado por el gobierno en agosto va en la misma dirección. “Flexibilizar” el mercado de alquiler  reforzando los derechos de los propietarios (léase banca), tolerancia para pactar “libremente” la actualización de la renta sin quedar sujetas al incremento del IPC. Esto último todo un cheque en blanco para que los precios de los alquileres suban desorbitadamente. Y si no que se lo pregunten a los alemanes que se han visto obligados a dictar una ley para poner límite a la escalada de precios que estaban alcanzando los arrendamientos urbanos. Desde 2003 los precios de los alquileres en Alemania no podrán subir más del 15% en 3 años. Lo cual es ya una barbaridad. Pero así se las gasta el “mercado libre”.

Echen un vistazo en este enlace a la propuesta sobre alquileres que presentó el gobierno en agosto pasado: http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/EEF65741-3DAB-40E5-B7D6-D9C4553CEFBA/211345/AlquilerViviendas.pdf

En definitiva, bajo el criterio exclusivo de la rentabilidad, el alquiler pretende ser un negocio para la banca. Lo cual es sinónimo de especulación. Con lo cual no es difícil esperar que el precio del arrendamiento se vaya encareciendo y cada vez sean menos los ciudadanos con acceso a viviendas en alquiler. Aunque para entonces, quizá vuelva a ser rentable comprarse una casa.

Foto: archivo cronicadearagon.es

 

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