Proyectos para el desarrollo rural sostenible en Aragón (1): Introducción

17. diciembre 2010 | Por | Categoria: Economía, Magazine, Medio Ambiente

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España es un país de casi 505.000 kilómetros cuadrados de superficie. El 90% de ellos, están situados en lo que llamamos “medio rural” por formar parte de municipios de menos de 30.000 habitantes con densidad inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, la población que reside habitualmente en el medio rural español apenas supera el 17% del total.

 

Concretamente, y según el censo de 2008, el número de personas que residen en el medio rural en España es de 8.195.233, lo que supone un porcentaje del 17,75% del total. En el decenio 1999–2008, se produjo una caída del 30% en la población residente en municipios de menos de 2.000 habitantes.



 

La profunda transformación económica que ha vivido nuestro país durante el último medio siglo, ha traído consigo un traslado masivo de población desde el campo hacia la ciudad. Las causas podemos encontrarlas en la progresiva mecanización de las tareas agrícolas (que ha generado grandes excedentes de mano de obra), las necesidades de personal laboral en sectores como la industria, la construcción o los servicios, así como la existencia de una mayor oferta de servicios esenciales y de ocio en el medio urbano.

 

Sin embargo, el medio rural en España alberga casi todos los recursos naturales del país y una gran parte de nuestro patrimonio cultural. Además, en los últimos años se ha observado la tendencia a situar en él segundas residencias por parte de la población urbana, así como numerosos establecimientos de turismo rural.

 

Los mayores niveles de renta y de bienestar se han concentrado progresivamente en el medio urbano, relegando al rural a un atraso socioeconómico que ha intentado ser paliado, con mayor o menor éxito, por las políticas de cohesión desarrolladas desde la Unión Europea.

 

A pesar de que todas las políticas rurales europeas han planteado la sostenibilidad social, económica y medioambiental como su principal objetivo, lo cierto es que en España no se ha invertido la tendencia a la despoblación del medio rural, ni se ha corregido el desequilibrio entre los niveles de renta y bienestar de la población rural y la población urbana.



 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la renta per cápita en 2008 era de 14.537 euros por habitante en los municipios urbanos, y tan solo de 11.729 en los municipios rurales. De hecho, según el Panel de Hogares de la UE (estadística que la UE elabora cada diez años), en el año 2001 la mayor parte de personas que vivían bajo el umbral de la pobreza en España (es decir, con ingresos inferiores al 60% de la media), residían en municipios de menos de 10.000 habitantes.

 

La explicación puede residir en que todas las políticas económicas europeas apuestan por un insostenible modelo desarrollista basado en la producción, lo que lleva en el medio rural al despoblamiento y a la desvalorización de los recursos naturales.

 

Con la intención de invertir esta inquietante realidad, el Gobierno de España puso en marcha hace tres años la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. Esta normativa pretendía convertirse en un instrumento para territorializar en España las políticas relativas al medio rural (hasta entonces, procedentes casi en exclusiva de la UE) con el fin de lograr una mayor integración de las mismas en el tejido económico del país, desde una perspectiva de desarrollo sostenible, tanto en los aspectos sociales como en los medioambientales.

 

La Ley 45/2007 tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo humano y económico en las zonas rurales, tratando de forma prioritaria aquellas que padecen un mayor grado de atraso relativo. Por ello, la mejora de la situación socioeconómica de la población rural y el acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad son las dos necesidades a las que trata de responder esta normativa que, por el volumen de población beneficiaria, por la amplitud del territorio al que se refiere y por la cantidad de recursos financieros movilizados, constituye una acción institucional de primera magnitud.

 

El título primero de esta ley instituye el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) como el instrumento básico sobre el que cimentar todas las políticas locales estimuladoras de la sostenibilidad social y medioambiental en el medio rural. En él se concretan las estrategias, las zonas de aplicación, las medidas concretas, el marco de actuación de las diversas administraciones y el sistema para evaluar el grado de cumplimiento de las políticas puestas en marcha.

 

En junio de 2010 se aprobaba mediante Real Decreto el primer PDRS derivado de la Ley 45/2007. Se trata de un instrumento plurianual (2010–2014) que sirve como marco para las políticas de desarrollo rural que se establezcan en cada comunidad autónoma de acuerdo con las decisiones que tomen sus instituciones a través de los Planes de Zona.



 

Aragón es la segunda comunidad autónoma española con más porcentaje de superficie situada en el medio rural (95,2%), tan sólo superada por Castilla y León (96,5%).

 

Cada comunidad autónoma decide su propio método para planificar y ejecutar desde el territorio las políticas derivadas del PDRS 2010–2014. Mediante el Decreto 84/2010, de 11 de mayo, el Gobierno de Aragón fija las comarcas como base sobre la que construir los efectos de la ley estatal de desarrollo rural sostenible, por constituir espacios relativamente homogéneos en cuanto a actividad económica, estructura social y realidad física.



 

En este mismo decreto se designa a los Departamentos Presidencia y de Medio Ambiente como los encargados impulsar y coordinar la aplicación del PDRS en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, así como de elaborar y ejecutar los Planes de Zona correspondientes.

 

Las actuaciones incluidas en cada Plan de Zona deben estar orientadas a mantener y ampliar la base económica del medio rural, a fijar y a aumentar su población, a elevar el bienestar de los habitantes, y a conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales.

 

En este sentido, constituyen un complemento a las medidas relacionadas con la Red Natura 2000, un conjunto europeo de áreas de conservación de la biodiversidad. La Red Natura 2000 está compuesta por Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que en breve pasarán a llamarse Zonas de Especial Conservación (ZEC), así como por Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

 

La Red Natura 2000 fue creada por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre (popularmente conocida como Directiva Hábitats), que de alguna manera venía a ampliar Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres (Directiva Aves).

 

Su objetivo es preservar la supervivencia a largo plazo de las especies y de los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a detener e invertir la pérdida de biodiversidad ocasionada por algunas de las actividades humanas. La Red Natura 2000 es, en estos momentos, el principal instrumento de la UE para la conservación de la naturaleza en el territorio de los 27.



 

En estos momentos, la Red Natura 2000 en Aragón está constituida por 201 espacios que ocupan 13.612 kilómetros cuadrados, es decir, el 28,5% del territorio aragonés.

 

Puesta en marcha de los Planes de Zona

 

A partir de mayo de 2010, se empiezan a constituir los Comités Comarcales para el Desarrollo Rural (CCDR) en cada una de las zonas rurales de aplicación del PDRS en Aragón, como órganos de coordinación y cooperación entre las distintas administraciones públicas y de participación de los agentes económicos y sociales de la zona.

 

De hecho, la participación social a la hora de diseñar los Planes de Zona en una de las características más importantes del proceso de aplicación de la Ley 45/2007 en la comunidad autónoma de Aragón. El Decreto 84/2010 del Gobierno de Aragón establece que participarán en los CCDR no sólo los consejeros comarcales, sino también representantes de las organizaciones agrarias, ecologistas, empresariales, sindicales, de mujeres, de jóvenes y de pensionistas más arraigadas en la comarca.

 

Paralelamente, y mientras en cada comarca se va constituyendo el comité de desarrollo rural correspondiente, los consejeros de Presidencia y de Medio Ambiente, Javier Velasco y Alfredo Boné, respectivamente, realizan a partir del 5 de mayo una ronda de visitas a las 33 comarcas aragonesas para explicar in situ los objetivos de la Ley 45/2007 y el proceso de aplicación de la misma al territorio aragonés.



 

Estos encuentros con los responsables municipales y comarcales de Aragón concluyeron el 15 de julio en Jaca, con el anuncio de que la aplicación de la Ley 45/2007 iba a suponer una inversión pública de más de 220 millones de euros en el medio rural aragonés, a través de un conjunto de medidas multisectoriales que exceden el ámbito de las políticas agrarias, las únicas que hasta ahora había planteado la UE para los territorios rurales de los Estados miembro.

 

En esta reunión de trabajo, el consejero Velasco afirmó que una de las peculiaridades de la puesta en marcha en Aragón de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible es que “es el territorio el que tiene que determinar qué actuaciones quiere incluir en los planes de zona dentro de las líneas establecidas por la Ley”, mediante “proyectos supramunicipales que tengan por objetivo la sostenibilidad, la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida del medio rural”.

 

Por su parte, el consejero Boné señaló que la puesta en marcha en nuestra comunidad autónoma de esta norma estatal “trae a Aragón unas inversiones importantes que van a servir para potenciar los recursos propios del medio rural”.

 

Finalmente, el 26 de agosto de 2010, tras la constitución de los CCDR y una vez recogidas las aportaciones de éstos, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicaba los primeros Planes de Zona elaborados en Aragón, correspondientes a las comarcas de Comunidad de Calatayud, Aranda, Campo de Belchite, Gúdar–Javalambre, Hoya de Huesca, Maestrazgo, Matarraña, y Tarazona y el Moncayo.

 

En próximas entregas de este reportaje, iremos analizando la aplicación del PDRS en cada uno de estos territorios.

 

 

(+) info >>> Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo rural sostenible del medio rural (BOE, 14-12-2007)

 

(+) info >>> PDRS estatal 2010-2014, aprobado por RD 752/2010, de 4 de junio (BOE 11-6-2010) PDF 3,71 MB

 

(+) info >>> Decreto 84/2010, de 11 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el marco normativo para la aplicación en Aragón de la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural (BOA 17-5-2010)

 

Información elaborada con la colaboración del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón

 

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