¿Quién se hace responsable del descontrol privado?

2. agosto 2012 | Por | Categoria: Economía, Magazine

La situación de riesgo que tuvo que afrontar España a finales de julio, con una prima de riesgo que batió récords, hizo de nuevo aparecer en diversos medios de comunicación comentarios sobre las necesarias reformas económicas.

En efecto, la prensa escrita y sus “especialistas” no tardaron en ofrecernos las “razones” de la situación y las “soluciones” para evitar el llamado “acoso de los mercados”. Jordi Canals, director general de IESE, venía a recordarnos en El País (24 de julio) que el problema fundamental es “el crecimiento extraordinario del gasto en los últimos años”, con la consecuente receta. El mismo día, Fernando del Pino Calvo-Sotelo, comentaba en una columna de opinión en el diario Expansión que “lo que debe hacer España es ajustar su nivel de gasto público (…) eliminando no sólo el colosal despilfarro de nuestras administraciones, sino directamente muchas de esas administraciones.” En el mismo diario salmón, el 26 de julio, Eduardo Martínez Abascal, profesor de IESE, se preguntaba si “¿Ha habido recorte de gasto social?”. Su respuesta, por supuesto, era que no y “por ello no habrá más remedio que recortar.” Ya antes, Francisco Uría, de KPMG, escribía en su artículo publicado en El Mundo (20 de julio) que los recortes aprobados por el gobierno “son imprescindibles para que se mantenga el apoyo de nuestros socios europeos”. Para que seguir.

No pasa desapercibido que los medios de comunicación más influyentes, generales y económicos, han iniciado una arrolladora ofensiva para tratar de convencernos de que la culpa de la crisis es del gasto público y social, una variable del “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Y que, en consecuencia, el Estado debe quedar reducido a una miniatura de colección. Por ello, no resulta extraño que los elegidos para firmar estos sustanciosos comentarios sean miembros de consultoras (KPMG) y escuelas de negocio (IESE), siempre obedientes a la voz de sus amos (la banca).

También resulta muy cínico que los argumentos empleados y las razones aducidas para desentrañar las causas de la crisis y darnos las pócimas mágicas sean desde hace 3 años los mismos, con los conocidos resultados. Una y otra vez apuntan acusadores al Estado y al gasto social. Nunca es suficiente recortar éste y comprimir aquel. Tan manido argumentario tiene más de “decisionismo” político que de lógica económica. Cualquier atisbo de humildad científica debería llevarles a reconocer, en primer lugar, que han sido precisamente las políticas de descontrol financiero y “dejar hacer” las que han abocado a esta situación, para la cual sin embargo, siguen recetando taza y media. Sea como fuere conviene insistir, una vez más, que las causas de la crisis son el endeudamiento privado y no público. Esto es lo que no quieren desentrañar y analizar los medios de comunicación al servicio del lobby bancario.

En efecto, la deuda pública en España (títulos emitidos para financiarse) se situó en 2007 en el 36% del PIB (lo que produce un país en un año) muy por debajo del 60% que exige el pacto Europeo de Estabilidad. El déficit del Estado (cuando los ingresos públicos son menores que los gastos) descendió también, alcanzándose un superávit del 1,9% en el 2007. Como vemos, tanto la deuda como el déficit eran de los más bajos de la UE-15. De ahí que el argumento de que la crisis (que comenzó en 2007) se generó por un derroche en el gasto público (incluyendo el social) o la exuberante deuda pública no es exacto.

Como ya hemos repetido hasta la saciedad, la causa de la crisis en España ha sido la explosión de la burbuja inmobiliaria (en realidad, la propia burbuja). Jugárselo todo al ladrillo fue un error estratégico imputable a la banca española (y también a la banca alemana, holandesa, etc., que ahora apremia) pero también a unos poderes políticos que no dudaban en decir aquello de “España va bien” y mirar a otro lado. La decisión precisamente de estos sucesivos gobiernos de ayudar a la banca al precio que fuese, destinando dinero público a sostener el gigantesco endeudamiento bancario, es la razón inmediata de los problemas de las cuentas públicas y de la crisis en su fase actual. El déficit público del Estado llegó al 11,2% en el 2009. Los acreedores internacionales de la banca española (los “mercados”, o sea esa banca alemana u holandesa a que antes nos referíamos) están presionando para exigir recortes públicos y sociales con el único propósito de que el Estado pueda seguir avalando a la banca zombie española y asegurarse así el cobro de sus deudas. De ahí, el cerrojazo internacional del crédito, lo cual ha llevado al concurso de acreedores a muchas empresas (sin ser responsables de la estafa), disparando el paro hasta el 24%. La consecuencia es que se ingresa menos y se gaste más.

Por tanto, los argumentos de las “necesarias reformas estructurales”, la “competitividad”, el “modelo político y social”, bla-bla-bla… no constituyen sino un diagnóstico parcial y un intento oportunista de desviar la atención y aprovechar para montar el tinglado a su antojo. ¿Dónde estaban los gurús en 2004 alertando de la falta de inversiones y de carencias competitivas? ¿Por qué no se desnuda la realidad de los hechos y se analiza con precisión las causas para proponer las reformas adecuadas del sistema financiero (por no hablar de la exigencia de responsabilidades)?

Aún hay una segunda causa de las dificultades en las cuentas públicas y de la que tampoco quieren hablar en absoluto los “intelectuales” al servicio de la banca. En “¿Quién controla el agujero de la deuda privada española?”, publicado por la Revista de Economía Crítica, nº13, Dani Gómez-Olivé i Casas pone el punto de mira en “la manera cómo se recaudan los impuestos en el Estado español, que es altamente regresiva. En efecto, el sistema fiscal español depende fundamentalmente de las rentas de trabajo de las clases asalariadas y no de la tributación sobre el capital de las clases altas y rentistas.” Esta afirmación viene contrastada por un informe elaborado por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) de septiembre de 2008 (Análisis de los resultados de la lucha contra el fraude fiscal en la agencia tributaria) donde se muestra una tremenda paradoja: “en el año 2006, el importe medio declarado por rendimientos del trabajo asalariado fue de 20.782 €, mientras que el de los empresarios individuales que declaran sus rendimientos de actividades económicas en Estimación directa fue de 13.311 euros (…) Esto significa que los trabajadores por cuenta ajena obtuvieron en 2006 rentas superiores, entre 7.471 y 9.140 euros, que los empresarios de los que perciben su salario” (¡!). Y no se trata de un hecho aislado. Esta diferencia entre lo declarado por los asalariados y sus empleadores (empresas) ha crecido sin interrupción en el período 2000-2006.

“En el caso de los asalariados el crecimiento de los rendimientos (23,35%) ha estado por encima de los empresarios en estimación directa (18,40%).” Eso sin mencionar las grandes empresas, que tributan en el impuesto de sociedades teóricamente al 30%. Un informe de la Agencia Tributaria referido al periodo impositivo de 2008 recoge que la mayoría de las grandes empresas cotizadas españolas tributaron a un tipo fiscal efectivo medio del 14,5%, menos de la mitad. Por no hacer mala sangre no voy a referirme a la inoportuna eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio, la fiscalidad de fogueo de las SICAV, del IVA aplicado por igual a artículos de lujo y a bienes productivos, etc…

Añadir que un informe del Tribunal de Cuentas, de 17 de Julio de 2008, advertía que el control de 30.000 grandes empresas en España (aquellas facturan más de 6,01 millones de euros) está encomendado a tan sólo 95 funcionarios de Hacienda. Para entender mejor la importancia de este dato es preciso aclarar que los ingresos realizados por estas grandes empresas en concepto de retenciones de IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades superaron en 2005 los 67.000 millones de euros, el 50% de los ingresos globales por estos impuestos.

En definitiva, además de la decisión de apoyar a la banca en quiebra, el déficit español viene provocado por una falta adecuada de ingresos fiscales. En 2010 las administraciones públicas españolas recaudaron tan sólo el 32,9% del PIB, lo cual supuso 6,7 puntos menos que la media de la UE 27 (39,6%). Ello revela- como apunta Dani Gómez-Olivé i Casas en su artículo- “que con un sistema fiscal europeo las cuentas públicas españolas serían perfectamente sostenibles.” De todo esto no se quiere hablar en los grandes medios de comunicación. 

El hecho cierto es que con la labor de corte y confección del gobierno se están buscando nichos de negocio. Quienes encabezan el ruido de una “reforma del sector público” son muchas grandes empresas. Nadie duda de lo deseable de una racionalidad burocrática. De hecho ello ya constituye un principio tradicional del propio derecho administrativo (artículo 3 de la ley 30/1992). Pero cuidado con la estrategia, porque no es ese el saludable objetivo de todos quienes lo pregonan. El propósito es asaltar el espacio público y mercantilizarlo: y el que pueda que lo pague.

A los que abogan por eliminar indiscriminadamente servicios y administraciones, y de paso dar el cambiazo por el “eficiente” sector privado,  habría que recordarles algunas cifras. Según un Informe de los Ministerios de Hacienda y Administraciones públicas sobre la “Deuda viva de las entidades locales a 31/12/2011” donde se computa el saldo vivo pendiente de Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares, Entidades Locales Menores, Mancomunidades, etc., el total ascendía a 35.419.768 millones de euros. El Banco de España, en otro informe reciente, señala que la administración central debe 659.076 millones de euros (ya hemos visto su origen), mientras que las comunidades autónomas han asumido un endeudamiento de 142.024 millones y 17.169 millones la Seguridad Social. Estas cifras contrastan con la deuda de las empresas no financieras -sin tener en cuenta el endeudamiento de los bancos con el exterior- que, señala también el Banco de España, asciende a 1,42 billones de euros.

Hay una conclusión clara de tanta cifra. El volumen de endeudamiento del sector privado desmiente el mito de su infalibilidad y eficiencia. Ha quedado demostrada la incapaz de evaluar riesgos y de invertir en desarrollo futuro, con una peligrosa voracidad por las ganancias a corto plazo y de manipulación del mercado (¿es necesario recordar el fraude descubierto con el LIBOR por Deutsche Bank, Barclays y otros?) No todo el sector privado es responsable, no vamos a caer en el error de tomar el todo por la parte. Pero como tampoco lo es todo el sector público (aeropuertos, fantasma a parte) como interesadamente se quiere presentar. Si de algo es responsable el sector público, sus máximos dirigentes, es de connivencia, partidismo cacique y dejación de funciones. El desgobierno del Banco de España es el ejemplo más palmario. De esta forma, viendo el circo de la comisión de economía del Congreso, pocas dudas caben, de que los causantes de la crisis van a marcharse tan frescos. Eso sí, con sus ganancias en un paraíso fiscal o un puesto en un consejo de administración, como la ex vicepresidenta Elena Salgado o el ex ministro de Economía Pedro Solbes. ¡Y encima están logrando convencer a la opinión pública de que la culpa fue del gasto público y social!

Decía Pablo Iglesias “elige a los mejores y después vigílalos como a cabrones”. Pues eso. A las administraciones públicas se les debe exigir e imponer responsabilidad, racionalidad y transparencia. Toda la necesaria. Por eso es razonable una ley de transparencia pública, aunque su oportunismo político no deja de ser una estrategia para culpabilizar indiscriminadamente al sector público. Pero la pregunta clave es ¿quién se hace responsable del descontrol privado?

Foto: archivo cronicadearagon.es

 

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