Salvar a la banca: el interés general del caciquismo español

13. septiembre 2012 | Por | Categoria: Economía, Magazine

por Bartleby, el escribiente ······ 

En un artículo anterior titulado “Banco malo’, la penúltima factura social del fraude bancario” comentábamos las graves implicaciones económicas y sociales que, a nuestro juicio, suponía el Real Decreto Ley 24/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito (RDL). En él se hacía hincapié en cómo muchas personas fueron utilizadas por los bancos como “escudos humanos” para lograr recapitalizarse a su costa. Participaciones preferentes, deuda subordinada y acciones de entidades ruinosas fueron vendidas a destajo sin atenerse a la mínima legalidad y con el visto bueno de los organismos reguladores, anticipando así un auténtico “rescate público” de la banca. Uno de los aspectos que quedó fuera del análisis es el que atañe al verdadero trasfondo del “interés general” que pretende presentarse ante la ciudadanía como razón para justificar tanto el rescate con dinero público como la expropiación del ahorro a los clientes engañados por los bancos.

Un interés general a medida de la banca

La noción de interés general o interés público que recoge la Constitución de 1978 en diversos artículos es un término político definido pero no definitivo, ya que existen diversas perspectivas en su discurso. Su contenido real es una delicada decisión política que varía en cada momento en función de las circunstancias y el ámbito al que afecte, como más adelante tendremos ocasión de comprobar. A mi modo de ver no considero que el interés público sea una mera suma agregada sin más de intereses particulares. Entre otras razones porque en tal caso se estaría obviando el hecho cierto de que en toda sociedad existen conflictos sociales y el interés general sería siempre el de aquella capa social que logre imponerse, aunque tenga carácter minoritario pero disponga de recursos y posibles para identificar sus propios intereses con el interés público, disponiendo así a su antojo las decisiones políticas. Y esto es lo que se percibe claramente en la decisión jurídica de salvar a la élite financiera y sus negocietes, cuyo último ejemplo es el RDL aprobado el 31 de agosto pasado.

No cabe duda de que el argumento esencial que sostiene el discurso del RDL es la necesidad exclusiva y primordial de sanear el sistema financiero, que queda así elevado a la categoría de “interés general”. La exposición de motivos del propio RDL reconoce tanto el “papel clave en la economía” de las entidades de crédito como su “importancia sistémica debido a su tamaño”. ¿Puede considerarse “interés general” unos intereses particulares basados en el poder y la codicia de una élite minoritaria que ha llevado a la ruina a todo un país? Tomar la parte por el todo e identificar al “sistema financiero” con un sistema de producción y consumo al servicio de la ciudadanía y que cumpla con las exigencias sociales de la Constitución, o bien resulta una manipulación cínica que lleva aparejada la culpabilización de toda la población, o bien deja claro que la elasticidad de la Constitución Económica soporta bien tales abusos.

Convertir en “banqueros” a los ciudadanos

Con este RDL el gobierno del PP sigue la senda ya trazada por el anterior gobierno “socialista” de legalizar una estafa colectiva: se viene haciendo políticamente desde 2008 y desde 2009, cuando los organismos reguladores del mercado financiero no movieron un dedo para impedir el experimento de recapitalización bancaria a través del pequeño ahorro popular. En este último caso, los inversores institucionales (fondos de inversión o de pensiones) por sus mayores conocimientos técnicos e información, son los destinatarios habituales de los productos complejos de deuda que emiten los bancos para financiarse. Precisamente por ello no querían ni oír hablar de meter sus cuartos en la banca española. De ahí la decisión desde las cúpulas directivas bancarias de convertir masivamente a los propios ciudadanos en “banqueros” colocándoles instrumentos financieros completamente inadecuados tanto por sus características propias como por la situación financiera que atravesaban y que se enmascaró vergonzosamente.

El Laissez faire se tradujo en una interesada inactividad del Estado que no protegió los derechos de la ciudadanía. En aras del “interés general” en que se travistió el saneamiento (rescate) del sistema financiero, se sacrificó a la parte más débil de la “manada”: pensionistas, jubilados, personas con minusvalías, etc. Puro darwinismo al servicio del “interés compuesto”. La eugenesia financiera fracasó y ahora había que seguir huyendo hacia adelante. Y esto es lo que hace el Real Decreto Ley 24/2012 con sus “programas de reestructuración bancaria”. 

La banca expropia…

Como decíamos en el artículo anterior, el principio al que responde este programa de reestructuración al que se sometan las entidades que lo precisen es el que respondan primero con su propio capital antes de pedir dinero público. A este efecto se establece la posibilidad de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) pueda imponer planes a las entidades que impliquen modificar las condiciones de los productos colocados fraudulentamente a los ahorradores al objeto de recortar su “rentabilidad” o su valor nominal. O sea, perder los ahorros. Y estos recortes los tendrá que asumir el cliente sí o sí. El Real Decreto Ley convierte así en responsables económicos a los propios afectados. Una decisión que pone en evidencia que la gran campaña diseñada  en su día por la banca para sanear sus balances a costa de los ahorros de trabajadores y pensionistas fue una expropiación. Sólo así puede entenderse su carácter masivo por toda la banca española, así como los planes de incentivos y las presiones a los empleados de banca por sus superiores.

… y el Estado traga

Cuando fueron comercializados estos productos tóxicos el interés general, es decir la justa ponderación entre la “libertad de empresa” (artículo 38 de la Constitución) y la protección de los “legítimos intereses de los consumidores y usuarios” (artículo 51 de la Constitución) quedó roto a favor del primero en aras de recapitalizar a la banca. Lo que ocurrió no fue otra cosa que privar de sus bienes y derechos a una colectividad por una no declarada pero tolerada “causa de utilidad pública o interés social” (artículo 33.3 de la Constitución). Tres años después de las primeras campañas bancarias de colocación indiscriminada de estos productos se reconoce esa “utilidad pública” al establecerse por decreto que los estafados deben responder con sus ahorros si así lo exige el FROB. El sistema financiero impuso por la fuerza de los hechos las medidas necesarias para salvar sus cuentas y recapitalizarse, con el silencio del Banco de España y la CNMV como coartada. Después vino una ley excepcional a reconocerlo.

Los bancos culpables, los nuevos desaparecidos de la democracia

Se argumentará con razón que, en tal caso, este colectivo afectado dispone de las herramientas jurídicas para defenderse y reclamar judicialmente sus derechos. Pues bien, para blindar las decisiones del FROB el RDL exige una serie de severos condicionamientos procesales (arts. 69 y 70) de compleja exposición en este momento, y además impone un límite a la indemnización que pudiera determinar un juez por sentencia a favor del cliente (Artículo 72). El Real Decreto ha puesto condiciones, por tanto, a un derecho constitucional fundamental como es el derecho de tutela judicial (Artículo 24). Y una inquietante cuestión última: con el procedimiento de liquidación, despiece y desaparición de los bancos recién aprobado ¿quién responderá finalmente de este fraude masivo si lo llegase a decidir la justicia? Todo atado y bien atado.

Sistema bancario, el caciquismo del siglo XXI

Recapitulemos. La socialización de pérdidas bancarias se impuso en un primer momento a través de una gigantesca operación de colocación de productos de deuda que computaban como capital para las entidades pero que eran ruinosos para los clientes. Haciendo bueno el dicho de “quien calla otorga” Banco de España y CNMV recibieron esta operación de castigo con un alborozado silencio administrativo. Tres años después, los clientes deben legalmente contribuir al rescate con los ahorros que todavía siguen están atrapados en los balances, y ello porque sanear la banca es por decreto de “interés general”, pero sin que los expropiados puedan defenderse con todas las garantías limitadas por el propio RDL. Una interesada confusión entre lo público y lo privado propia del caciquismo del siglo XIX, del que en el fondo las clases populares nunca hemos logrado escapar.

Foto: Banco de España (autor: Luis García –Zaqarbal–)

 

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