“Tiene derecho a un abogado”

19. febrero 2016 | Por | Categoria: Economía, Magazine

Tiene derecho a un abogado”. Es una de las frases típicas en el cine, pero su significado va mucho más allá ya que supone que cualquier ciudadano tiene derecho al acceso a la Justicia Gratuita. Así lo recoge la Constitución española de 1978.

Acceder a la Justicia Gratuita significa disponer de un abogado y procurador sin coste y sin tener que afrontar los gastos derivados de un juicio por como fianzas, informes periciales, etc. Éste es un servicio que prestan, mediante sus colegios de abogados, 42.700 letrados en España, sólo en Zaragoza hay 752 profesionales dedicados a garantizar este derecho.

En el caso de Aragón, los letrados del turno de oficio muestran su preocupación por el recorte del 40% en el presupuesto de la DGA para Justicia Gratuita este año, a pesar de que desde el Ejecutivo autonómico aseguran que lo que no cubra el presupuesto se tomará de los fondos de contingencia Ya han realizado algunas concentraciones e incluso se plantean iniciar huelgas y paros, que serían los primeros en la historia de los abogados de turno de oficio de la capital aragonesa.

Ejecuciones hipotecarias, solicitud de modificación de medidas derivadas de un divorcio o una separación, desahucios por falta de pago son los tres casos más habituales en los que, actualmente, se solicita Justicia Gratuita según la Abogacía Española.

La asistencia jurídica gratuita se solicita en el Colegio de abogados del lugar de residencia. En Aragón existen tres colegios, uno por provincia. Allí, asesoran al demandante y tramitan su solicitud una vez comprobado que cumplen los requisitos.

¿Quién puede solicitar Justicia Gratuita?

La ley establece que pueden solicitar Justicia Gratuita todos los españoles, los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que residan en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar. En este sentido, los ingresos anuales han de ser inferiores a 12.780 euros, una cantidad que varía en función del tamaño de la unidad familiar y el Iprem.

Según este consejo, no es necesario acreditar insuficiencia de recursos económicos si es trabajador y/o beneficiario de la Seguridad Social, es víctima de violencia de género, de terrorismo o de trata de seres humanos (en procesos que tengan vinculación con la condición de víctima), si es menor de edad y/o persona con discapacidad psíquica víctima de abusos o maltrato o si es víctima de un accidente con secuelas permanentes que le impiden ejecutar su ocupación laboral (para reclamar indemnización por los daños sufridos).

Los encargados de orientar a los solicitantes son los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ), dependientes de los Colegios de Abogados. Son quienes les informan sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para que se les reconozca dicho derecho.

¿Se puede cambiar de abogado cuando ya ha sido designado?

Una vez asignado el abogado de oficio, no se puede cambiar. El letrado tampoco puede excusarse de asumir la defensa designada, excepto en el orden penal y únicamente cuando exista un motivo personal y justo que deberá ser valorado por los Decanos de los Colegios de Abogados.

El abogado adscrito al Turno de Oficio debe llevar, al menos, tres años en el ejercicio de la profesión. Asimismo, debe haber superado los cursos de especialización homologados.

Un derecho afectado por una reducción presupuestaria

En Aragón, la Justicia Gratuita “no funciona”, sentencia la portavoz de los abogados del turno de oficio en Zaragoza, Eva Escanero, y si lo hace es por el trabajo que desarrollan los letrados y procuradores inscritos en él. “Somos nosotros quienes sacamos adelante el trabajo y el derecho de los ciudadanos que nunca se ha visto mermado”, añade.

El recorte del 40% en asistencia jurídica gratuita –que ha supuesto pasar de 4,4 a 2,7 millones de euros– explica sólo una parte de las reivindicaciones de estos profesionales, quienes denuncian también que llevan “once meses sin cobrar” por prestar este derecho con amparo constitucional.

A este recorte se suman los retrasos en los pagos desde agosto de 2015 para sufragar las guardias que tiene que realizar en los distintos partidos judiciales de la comunidad autónoma.

Los abogados del turno de oficio de Zaragoza aseguran que tramitan una media de 13.500 expedientes y cobran alrededor de 200 euros por procedimiento. No sólo por asistir a un juicio, sino por todo el proceso de su preparación. Cifran en dos euros cada hora de trabajo.

Por eso consideran que sus baremos son “obsoletos, antiguos e irrisorios” y que la mayoría de sus actuaciones “no están contempladas en ellos”, señala Escanero. Esta situación es similar en el caso de los procuradores de oficio, quienes por un turno penal perciben 22,60 euros, por una apelación 26,38 y por un turno civil 30,14 ó 26,36 euros.

Los decanos de las tres provincias se oponen a los recortes

El pasado 16 de febrero, los decanos de los colegios de abogados de Zaragoza, Huesca y Teruel –Antonio Morán, Ángel García y Manuel Gómez, respectivamente– mostraron su oposición a los recortes del Gobierno de Aragón en Justicia Gratuita. Denunciaron además que la Administración les debe los adelantos mensuales desde el pasado mes de agosto.

Una reducción presupuestaria que “generó alarma y sorpresa porque no se correspondía con las razonables previsiones de gasto de 2016”, explica el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán. Insiste en que la Justicia Gratuita “no es una remuneración al abogado, no es una disposición de la administración a dar generosidad al abogado, es el cumplimiento de un mandato constitucional”.

Si un Estado de Derecho lo es, “es precisamente porque existe una tutela judicial efectiva”, subraya el decano del Colegio de Abogados de Teruel, Manuel Gómez. “Se puede así pensar en países tercermundistas donde no existe la posibilidad real de que el ciudadano se encuentre amparado ante posibles abusos por parte de los medios coercitivos del Estado”, añade Gómez, quien considera además que para que exista una separación real de poderes la ciudadanía “ha de estar protegida de cualquier abuso”. Y, en este sentido, se pregunta: ¿Qué garantía puede prestarse a un ciudadano si no tiene una ayuda cuando se le detiene?

Los decanos son conscientes de que los problemas estructurales en la organización y administración de la Justicia Gratuita han sido una constante para las distintas Administraciones. Por ello, apuestan por resolverlos “de una vez” y “no pasar la pelota conforme cambian los gobiernos, de una administración a otra”, sentencia Morán.

Sobre los recortes, el decano del Colegio de Abogado de Huesca, Ángel García, pide “que nos dejen como estábamos, ni un euro más”. Y lanza un mensaje tranquilizador a los ciudadanos: “Nunca podremos dejar de asistir a un detenido o a una víctima de violencia de género, porque dejaríamos de ser inmediatamente abogados ya que es consustancial a nuestra condición”.

Criterios de acceso “cada vez más restrictivos”

Cuestión aparte son las Comisiones provinciales de Justicia, encargadas de decidir quién puede beneficiarse de la Justicia Gratuita en caso de duda. Los decanos coinciden en que los criterios que éstas manejan a la hora de enfrentarse a un expediente son “cada vez más restrictivos”, apunta Morán. Y es que mientras que tradicionalmente componían estas comisiones cinco personas (dos representantes de la Administración, un abogado, un procurador y un fiscal), ahora son sólo cuatro ya que ha desaparecido la presencia del fiscal y el voto de calidad en caso de empate es de la Administración.

Antes, nunca había empate y al menos tres personas tenían sensibilidad de la realidad cotidiana de los juicios, de las personas que solicitan este servicio”, añade Morán, quien teme que ahora se pueda perder esta “sensibilidad”. A esta situación se suma el hecho de que muchos de los solicitantes de la asistencia jurídica gratuita no entregan toda la documentación que se les requiere, lo que supone que se les deniegue este servicio. “Son personas a las que les inquietan otras cuestiones como la subsistencia y llegar a fin de mes y no dedicarse a presentar determinados justificantes”, señala Antonio Morán.

Tras las críticas de los profesionales de la Abogacía, el Gobierno de Aragón responde asegurando que no habrá problemas con la Justicia Gratuita. Así lo señaló el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, en el Pleno de las Cortes de este jueves. Gimeno asegura que el año pasado, este servicio se sufragó (en concreto 2,9 millones de euros) con el Fondo de Facilidad Financiera porque no había partida presupuestada e incluso afirma que no pasaría nada si se propusiese una modificación para pagarlo este 2016.

Fotos: Aragón Press

 

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