60 palabras contra la desigualdad

20. junio 2014 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

“Señorías, quiero también transmitir mi cercanía y solidaridad a todos aquellos ciudadanos a los que el rigor de la crisis económica ha golpeado duramente hasta verse heridos en su dignidad como personas. Tenemos con ellos el deber moral de trabajar para revertir esta situación y el deber ciudadano de ofrecer protección a las personas y a las familias más vulnerables”. De las 2.987 palabras que compusieron ayer el primer discurso de Felipe VI como nuevo jefe del Estado español, sólo estas sesenta fueron dedicadas a las víctimas de la crisis económica.

El nuevo rey quiso que el principal problema por el que hoy atraviesa el país ocupara sólo el 2% de su discurso, cometiendo además un error de bulto, ya que “el deber de ofrecer protección a las personas y a las familias más vulnerables” no es “ciudadano” –como dijo el monarca– sino “constitucional”, por estar reconocido en el artículo 41 de la Carta Magna que acababa de jurar minutos antes (*).

La diferencia no es baladí, ya que un “deber ciudadano” entronca con el terreno de lo ético, de lo moral, de lo optativo, de lo solidario, y hasta para algunas personas, de lo caritativo. Sin embargo, un “deber constitucional” resulta jurídicamente obligatorio para todas las instituciones del Estado, a pesar de que muchas de ellas estén haciendo dejación del mismo, como demuestra el último informe de la OCDE, casualmente publicado también ayer.

Según este estudio, España es el país desarrollado en el que más han crecido las desigualdades sociales tras el estallido de la crisis económica. Entre 2007 y 2011, los ingresos anuales del 10% más pobre de la población cayeron un 42,4%, pasando de 4.664 a 2.685 euros por persona, mientras que el 10% más rico de la población sólo sufría una caída de renta anual del 5,6%, pasando de 39.204 euros por persona y año, a 36.985.

Ni siquiera Grecia, el país europeo más castigado por la crisis económica, presentaba esta brecha entre clases sociales, ya que allí el 10% más pobre perdía el 42% de su renta anual, pero el 10% más rico veía reducidos sus ingresos en un 31%.

De este modo, la OCDE confirmaba los datos ofrecidos hace tres meses por el Fondo Monetario Internacional en el sentido de que España era el país industrializado en el que más habían avanzado la pobreza (sobre todo, la infantil y juvenil) y las diferencias sociales entre ricos y pobres. No es preciso ningún doctorado en Economía para ser consciente de que las causas de este lento descalabro social son la regresividad fiscal, los recortes presupuestarios en materia social, y las reformas laborales que apuestan por la precariedad para atraer inversores nacionales e internacionales.

Nos queda el consuelo de saber que las 60 palabras dedicadas por Felipe VI a las víctimas de esta crisis respecto a las 2.987 pronunciadas en su discurso, suponen un porcentaje mucho mayor que el 0,017% dedicado por el régimen de Rajoy al fondo especial contra la pobreza infantil (17 millones de euros), respecto al dinero público que se ha destinado a rescatar la banca privada (100.000 millones).

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Art. 41 Constitución Española: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”

 

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