Amancio Ortega y sus donativos

8. junio 2017 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Una intensa polémica se ha suscitado en las redes sociales a propósito de un comunicado en el que la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón (ADSPA) rechaza el donativo de 10 millones de euros que el magnate Amancio Ortega ha entregado al Gobierno de Aragón para la renovación de aparatos oncológicos en la sanidad pública.

A primera vista, se podría aplicar ese refrán que dice que “a caballo regalado, no le mires el diente”; o incluso ese otro más felipegonzalesco que afirma que “gato blanco, gato negro… lo importante es que cace ratones”.

Sin embargo, en la cosa pública resulta tan importante el qué como el cómo. Y es que, según nuestra Constitución, la sanidad pública en particular y el Estado redistribuidor en general, no pueden depender de la caridad de un magnate para cubrir sus necesidades.

La renovación de equipos para la lucha contra el cáncer debe sufragarse con cargo al erario, y éste debe obtener sus fondos de “un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”, tal como dice el artículo 31 de la Constitución (ese que va justo después del artículo 2, sobre la “indisoluble unidad de la Nación española”, tan leído y apreciado por la derecha de nuestro país).

Pues bien, la ADSPA se ha limitado a recordar que nuestra comunidad no tiene que recurrir, aceptar, ni agradecer la generosidad, altruismo o caridad de ninguna persona o entidad”, ya que “aspiramos a una adecuada financiación de las necesidades mediante una fiscalidad progresiva que redistribuya recursos priorizando a la sanidad pública”.

Hay que recordar que el artículo 43 de la Constitución dice que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

Así pues, si Aragón debe renovar los aparatos oncológicos de su sanidad pública, debe recaudar primero los impuestos necesarios para ello (art. 43), y esos impuestos deben ser progresivos (art. 31), gravando más a quienes posean las rentas más altas.

Pero, hete aquí, que aparece sobre el horizonte un magnate que tiene la mayor parte de su negocio fuera de España, y que por ello, tributa en nuestro país mucho menos de lo que debería, al aprovecharse de condiciones fiscales y laborales verdaderamente tercermundistas. Y mira por dónde, ese magnate va regalando al Estado español el dinero que le birla con sus deslocalizaciones fiscales, quedando como un auténtico héroe filántropo en la lucha contra el cáncer.

Y quienes cuestionan fundadamente este estado de cosas, son tratados como “cuentistas”, “vividores” o “sectarios” por algunos de los apóstoles del pensamiento único neoliberal, en este caso concreto, por el excelso pensador Carlos Herrera.

Lo que no dice Carlos Herrera es qué pasará cuando las leyes neoliberales reduzcan todavía más la carga redistributiva de los impuestos (art. 131), y los magnates dejen de hacer donaciones al Estado. Seguramente, en ese momento, habremos alcanzado el paraíso liberal: una sociedad sin Estado y sin regulaciones, impecablemente regida por la mano invisible que profetizaba Adam Smith, y donde los ricos sean extremadamente ricos, aunque para ello, los pobres deban conformarse con vivir por debajo del umbral de la subsistencia.

Mientras tanto, deberíamos cantar todos juntos: “Qué bueno es Amancio Ortega, qué bueno es, que nos lleva de excursión”.

 

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