Amnistía e ignominia

21. diciembre 2016 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Los votos del PP, del PSOE y de Ciudadanos sirvieron ayer en el Congreso para tumbar una Proposición No de Ley formulada por Unidos Podemos para excluir los delitos de torturas, desapariciones forzadas, genocidio o crímenes lesa humanidad, del paraguas que la Ley de Amnistía abrió en 1977 para los asesinos y torturadores del franquismo.

La propuesta de Unidos Podemos sólo pretendía trasladar al Parlamento las recomendaciones que el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo a nuestro país el pasado 23 de julio de 2015, en el sentido de que se derogara o modificara la Ley de Amnistía de 1977 para que se puedan investigar todas las violaciones de Derechos Humanos cometidas en el pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias. Una petición que Naciones Unidas viene formulando reiteradamente a España [ver1] [ver2].

Cabe recordar que España forma parte de una comunidad internacional que considera que estos delitos son imprescriptibles y, por lo tanto, perseguibles en cualquier tiempo y lugar. Pero eso no importó ayer a los diputados y diputadas del tripartito PP-PSOE-Cs, que prefirieron colocar a España contra el Derecho Internacional y contra Naciones Unidas, con tal de seguir protegiendo a la caterva de fascistas que desfiguraron a nuestro país entre 1936 y 1975.

El principal argumento del nuevo tripartito PP-PSOE-Cs es que la Ley de Amnistía de 1977 fue una ley de consenso en los albores democráticos de una España que quería dejar de vivir en el rencor. Y tienen razón. La Ley 46/1977, parida por las Cortes constituyentes un 14 de octubre con tal solo 12 artículos, fue consensuada por UCD, PSOE, PSP, PCE, PNV y CiU, contando sólo con la abstención de Alianza Popular (que al parecer, quería seguir teniendo las cárceles llenas de presos políticos de izquierdas). La votación en el Congreso registró 296 votos a favor, 2 en contra, 18 abstenciones, un voto nulo y “fuertes y prolongados aplausos de los señores Diputados puestos en pie”, tal como señala el Diario de Sesiones.

Pero este no es un argumento suficiente, por dos motivos. El primero es que ese consenso no fue libre, sino que se obtuvo bajo la amenaza de que perviviera el régimen que había aterrorizado a este país durante cuatro décadas. Una circunstancia que no disculpa al PCE de Santiago Carrillo por haber cometido uno de los errores más graves de su historia: canjear las vidas truncadas de miles de militantes y simpatizantes, por unos cuantos escaños en el Congreso.

El segundo motivo es mucho más actual. La consensuada Ley de Amnistía de 1977 se consideró como una exigencia de la reconciliación nacional. Pieza capital de esta política de reconciliación nacional” llegó a llamarla el diputado comunista Marcelino Camacho durante el debate parlamentario de la norma.

Sin embargo, la derecha española se ha desmarcado de esa política de “reconciliación nacional”. 41 años después de la muerte del dictador, la derecha española sigue negando a los familiares de los más de 114.000 republicanos asesinados por el franquismo, el derecho a conocer el lugar donde se encuentran sus restos. La derecha española se niega también a que se retiren las calles, plazas, menciones, estatuas y homenajes concedidos a los franquistas, algo que no sólo es ilegal, sino también incomprensible en un PP que no se define a sí mismo como heredero político del franquismo.

Si esto no explica la ruptura de un consenso obtenido bajo amenaza hace casi 40 años, es difícil adivinar qué puede hacerlo.

En cualquier caso, el tripartito PP-PSOE-Cs ha vuelto a retratarse arrodillado ante los tiranos militares de ayer. Genuflexión que recuerda mucho a la que practican cada día frente a los tiranos económicos de hoy.

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