Amnistías fiscales y otras inconstitucionalidades

12. junio 2017 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

En una sentencia verdaderamente demoledora hecha pública el pasado viernes, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el régimen de Rajoy es contraria a nuestra Carta Magna. En otras palabras, el gobierno del PP ha quebrantado nuestra Constitución, como si fuera un gobernante independentista catalán cualquiera.

No obstante, las diferencias son notables entre ambos casos. Cuando el Tribunal Constitucional dice que un referéndum soberanista incumple la Constitución Española, su convocatoria se suspende de manera ejecutiva, inmediata e inapelable, mientras sus promotores acaban en la hoguera a la que suelen ser arrojados quienes se muestran infieles a la Constitución.

Sin embargo, cuando el Gobierno de España viola la Constitución otorgando privilegios fiscales a sus amigotes de clase social, los pocos defraudadores que se acogen a ellos, se quedan con el 90% de lo defraudado, mientras los gobernantes permanecen en sus puestos.

A los ojos de las instituciones españolas, es mucho más grave convocar un referéndum, efectivamente anticonstitucional, que quebrantar abiertamente los principios generales sobre fiscalidad incluidos en nuestra Carta Magna. Resuenan las declaraciones que en 2013 hizo José Manuel García-Margallo cuando era ministro de Exteriores, según las cuales “la Constitución Española tiene dos artículos, y sólo dos, el resto es literatura”, refiriéndose a los artículos 1.2 (“la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”) y 2 (“la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”).

Pues bien, el patriótico y “constitucionalista” Gobierno de España no quiere entender que, según el Tribunal Constitucional, su amnistía fiscal está alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad”.

Tampoco quieren entender que esta amnistía fiscal “supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”.

Incluso, hay fuentes del Ministerio de Hacienda (no desveladas por el diario El Mundo) que tienen la desfachatez de afirmar que la sentencia del Tribunal Constitucional es una “perorata política”.

Una “perorata política” que ha dejado al descubierto las vergüenzas ideológicas del régimen de Rajoy. Y es que, incluso aprobando una norma anticonstitucional para romper los principios fiscales de “igualdad y progresividad”, la medida fue un fracaso, ya que sólo se acogieron a ella menos de la mitad de los defraudadores que podrían haberlo hecho.

La razón es simple. Cualquier defraudador sabe que en La Moncloa hay un gobierno ideológicamente cómplice de los grandes capitales (sea cual fuere su origen o trayectoria), por lo que resulta mucho más lucrativo quedarse con el 100% de lo defraudado que sólo con el 90%.

A pesar de todo ello, y esto es lo más importante, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro todavía no ha encontrado razones para presentar su dimisión.

 

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