Asuntos panameños

4. abril 2016 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

La magnífica investigación sobre paraísos fiscales que ayer comenzó a ser desvelada por más de cien medios de comunicación de 78 países, suscita, al menos, dos reflexiones. La primera es que el periodismo está vivo, a pesar de los innumerables intentos de banalizarlo, narcotizarlo o domesticarlo. Los grandes poderes políticos y económicos jamás podrán impedir que existan confidentes e informadores dispuestos a arriesgarlo todo para trasladar a la sociedad información veraz de alcance público.

De hecho, el periodismo es garantía de transparencia, y ésta constituye uno de los pilares de las sociedades democráticas basadas en el concepto de Estado de Derecho. Un discurso que sólo pueden mantener quienes en realidad se sienten identificados con él, frente a aquellos otros que lo proclaman a voz en grito, pero que al mismo tiempo intentan crucificar a Julian Assange, a Edward Snowden, a Hervé Falciani, o a la persona que haya filtrado los “papeles de Panamá”.

La segunda reflexión tiene que ver con la propensión de los grandes capitales a evitar el pago de impuestos. La mayor investigación periodística de la historia (en la que han participado 378 informadores de todo el mundo coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) ha puesto nombre y apellidos a algo que era de dominio público: los ricos defraudan masivamente a los organismos fiscales de sus propios países ¿Qué sentido tiene, si no, constituir empresas pantalla en paraísos fiscales?

Esta tendencia plutocrática confirma la tesis de que los ricos, en realidad, no creen en el Estado del Bienestar, aunque sea esta variedad de capitalismo la que mayor prosperidad sostenible les aporta a ellos y a la sociedad en su conjunto, tal como demuestran las realidades nórdicas.

En cualquier caso, el mundo podría haberse ahorrado unos cuantos recortes presupuestarios en servicios públicos básicos si los ricos tributasen en sus respectivos países con arreglo al volumen de sus ingresos anuales. La progresividad fiscal es un mandato de la Constitución Española, pero ya sabemos por José Manuel García Margallo que nuestra Carta Magna “tiene dos artículos, y sólo dos” (la unidad de la patria y la soberanía nacional), y que “el resto es literatura”.

 

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