Atentado contra el parlamentarismo, atentado contra la democracia

11. julio 2014 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Finalmente, el régimen de Rajoy ha culminado su atentado contra el parlamentarismo y contra la democracia. La absoluta e ilegítima mayoría de la que dispone el PP en el Congreso convalidaba ayer el llamado Real Decreto–Ley 8/2014, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia; una norma que modifica 29 leyes vigentes, implantando de golpe asuntos como la privatización del Registro Civil, la liberalización de horarios comerciales, la modificación del estatus de los jóvenes en paro, la reforma de las empresas de trabajo temporal, la regulación de los drones, o el cambio de la normativa por la que se rige el mercado del gas.

Para ello, han decidido pervertir, una vez más, la figura legislativa del Real Decreto–Ley, que fue pensada por los padres de la Constitución como un recurso normativo excepcional para utilizar “en caso de extraordinaria y urgente necesidad” (art. 86), pero que el régimen de Rajoy emplea con asiduidad para impedir que los colectivos afectados por un anteproyecto de ley y el resto de los grupos parlamentarios puedan opinar y realizar aportaciones al mismo.

En ningún momento, el régimen de Rajoy ha acreditado esas razones “de extraordinaria y urgente necesidad”, por lo que en este momento deberían ser la Corona y el Tribunal Constitucional las que salieran al paso de esta actuación arbitraria del Gobierno, en virtud de sus competencias de “moderar el funcionamiento regular de las instituciones” (art. 56), y de conocer “de los recursos de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley” (art. 161), respectivamente.

En el caso del jefe del Estado, Felipe VI debería dejar por un momento sus habituales funciones de entregador de diplomas y de agente comercial internacional al servicio de los grandes empresarios de nuestro país, para centrarse en reaccionar de manera inmediata y proporcionada frente al abuso de la letra y del espíritu de la Constitución que acaba de cometer el régimen de Rajoy.

En el caso del Tribunal Constitucional, y con arreglo a los mismos criterios de “extraordinaria y urgente necesidad” alegados por el Gobierno, el fallo tendría que producirse no más de cuatro semanas después de que sea presentado el recurso anunciado por el PSOE, único grupo de la Cámara baja (a excepción del Popular) que cuenta con el mínimo de 50 diputados necesarios para interponerlo.

Dejando aparte la cuestión de fondo de que las razones de la crisis económica española poco tienen que ver con el marco legislativo existente, y mucho con la desmedida avaricia de quienes han aprovechado la burbuja y la crisis para hacerse más ricos a costa del empobrecimiento generalizado de la población, hay una cuestión de forma que resulta aún más trascendente que la propia salida de la crisis: es realmente difícil conseguir que la ciudadanía sienta apego por el sistema parlamentario actual, cuando es el propio Gobierno de España el que lo desprecia de manera tan burda y chulesca.

 

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