Cárcel para Bush, Blair y Aznar

7. julio 2016 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Cuando un agente del orden afirma haber sido agredido por un manifestante, sea veraz o no la acusación, la Fiscalía pide varios años de cárcel para el manifestante. Sin embargo, la Fiscalía permanece inerte cuando un gobernante ordena que el ejército de su país invada ilegalmente un país soberano, provocando cientos de miles de muertos.

El informe Chilcot, difundido ayer en Londres, no deja lugar para la duda: George Bush jr., Tony Blair y José María Aznar son tres presuntos criminales de guerra que ordenaron la invasión de un país soberano, sin motivo alguno, y cuando aún no se habían agotado las vías diplomáticas para dirimir el conflicto político que las potencias occidentales mantenían con el gobierno iraquí.

El resultado, 250.000 muertos por los que nadie responde judicialmente. Esa es la democracia y el Estado de Derecho de los que tanto presumen algunos, cuando argumentan que sus rivales políticos trabajan para acabar con ambos conceptos.

Si Bush, Blair y Aznar conservasen algo de ética en sus conciencias, habrían ido a entregarse a las autoridades judiciales de sus respectivos países para depurar las responsabilidades penales que se derivan de sus actos criminales. Pero sin duda, es más cómodo quedarse en el sofá de casa, dejando que la Justicia sufra un descrédito generalizado como consecuencia de la impunidad que les ampara.

En cualquier caso, el informe Chilcot ha demostrado varias cosas, aparte de la condición de presuntos criminales de guerra de Bush, Blair y Aznar. La primera, es que el Reino Unido es una democracia donde se escucha la voz de la ciudadanía, ya sea para realizar un referéndum, ya sea para pedir un informe independiente acerca de una actuación militar. Una diferencia radical con España, donde los referendos son herejía, y donde sólo se escucha la voz de aquellas víctimas que al gobierno le interesa que se escuche, mientras otras, como las de las de los familiares de asesinados por el franquismo o de la catástrofe del Yak-42, quedan ahogadas en el vacío.

La segunda, es que el caos institucional que se generó tras la destrucción de Estado iraquí por parte de los invasores occidentales, fue el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de macroorganizaciones terroristas como Al Qaeda o el Estado Islámico, con lo cual, es fácil deducir que la intervención militar de Bush, Blair o Aznar no dio mayor seguridad a sus países, sino que aumentó exponencialmente el riesgo de que sufrieran atentados terroristas.

Y la tercera revelación es que la actuación militar pergeñada por los tres presuntos criminales de guerra de Las Azores estuvo guiada por la improvisación estratégica, la manipulación mediática y la chapucería organizativa, lo que puso en riesgo la vida de los propios soldados aliados.

La pregunta ahora en España es la siguiente: después de que la Fiscalía General del Estado haya demostrado reiteradamente su inutilidad como institución, ¿hará algo ahora para ganarse su existencia, como por ejemplo, procesar al presunto criminal de guerra, José María Aznar?

 

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