“Cochofobia” y contradicciones ecológicas

14. marzo 2017 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Seguramente como consecuencia de una adulteración ideológica, la izquierda alternativa siempre ha mantenido cierta repulsión hacia el coche privado, que es considerado en algunos círculos como algo individualista y superfluo, que distrae a la clase trabajadora de su verdadero objetivo en la vida: acabar con el capitalismo. Incluso algunos extremistas del ecologismo llevan años extendiendo la falsa idea de que siempre es posible encontrar una alternativa en transporte público a cualquier ruta que pueda hacerse en vehículo privado.

Afortunadamente, esta contaminación ideológica es minoritaria en la izquierda, ya que cada vez más personas entienden que limitar la libertad de movimientos de la clase trabajadora no es el mejor sistema para hacer que avancen las ideas progresistas, sobre todo, cuando desde el otro polo ideológico se están ofreciendo coches de todos los tamaños, colores y precios.

Además, estos prejuicios facilitan la aparición de la demagogia en el campo ideológico liberal. Ayer, sin ir más lejos, Esperanza Aguirre acusaba a Manuela Carmena de practicar la “cochofobia” después de que la alcaldesa presentara el Plan de Calidad del Aire para el municipio de Madrid.

Más allá de las majaderías que se le puedan ocurrir a Esperanza Aguirre, el equipo de Carmena debería pensar en las consecuencias sociales que traen consigo algunas de las medidas incluidas en este Plan medioambiental, como por ejemplo, la prohibición de aparcar en la zona interior de la M-30 a partir de 2020 a todos los vehículos gasolina matriculados antes del año 2000, y de los diésel matriculados antes de 2006; prohibición que se extenderá a la circulación por todo el término municipal de Madrid a partir de 2025.

El gobierno municipal de Madrid ha olvidado una cuestión fundamental: quienes antes del año 2000 compraron un coche, lo hicieron con arreglo a la legislación existente en aquel momento, por lo que, cualquier cambio normativo posterior que vaya en contra de sus intereses, debería suponer una indemnización económica para las personas afectadas. Máxime teniendo en cuenta que, según el propio Ayuntamiento, estas restricciones de movimiento podrían afectar al 20% de los vehículos privados matriculados en Madrid, y que ese 20% corresponde a los vehículos que están en manos de la parte menos pudiente de la sociedad madrileña.

Los banqueros, grandes empresarios y trabajadores no precarios (si es que en 2025 queda alguno), en cambio, no tendrán problemas a la hora de cambiar sus coches por otros con distintivo ambiental que puedan circular sin restricciones por todo Madrid.

Y es que, a veces, las necesarias políticas medioambientales generan contradicciones sociales, que la izquierda debería saber evitar. El cierre de las minas de carbón españolas (con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo), o la puesta en marcha del Tranvía de Zaragoza (donde un solo tranviario es capaz de transportar a las mismas personas que antes transportaban tres conductores de autobús), son otros ejemplos de esta distorsión.

Para evitarla, bastaría con que nuestros gobernantes siguieran las tres leyes básicas del ecologismo socialmente sostenible:

preeminencia del transporte público sobre el privado en las zonas urbanas

legislación estatal para que los vehículos privados que se comercialicen en nuestro país sean cada vez más ecológicos, hasta lograr su sostenibilidad total

evaluación del impacto social de cada una de las medidas ambientales que se tomen, de manera que no causen perjuicios económicos ni pérdidas de puestos de trabajo entre la ciudadanía

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