Concertada: esto no va de “libertad”

5. abril 2017 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Miles de personas salieron ayer a las calles de Zaragoza para defender la “libertad” de la que -a su juicio- deben disfrutar los padres a la hora de elegir para sus hijos un centro de enseñanza público o uno concertado. Al parecer, el anuncio de que el Gobierno de Aragón va a cerrar aulas concertadas no ha sentado demasiado bien en algunos círculos de la derecha sociológica de nuestra comunidad.

Sin embargo, ese grito de “¡Libertad!” (digno de cualquiera que pretenda emular al legendario William Wallace en estas tierras monegrinas) no tiene nada que ver con el asunto que nos ocupa. Los padres y madres de este país tienen toda la libertad del mundo para elegir un centro laico o religioso, público o privado, en el que educar a sus hijos.

El problema es que esa libertad es la libertad que ofrece a los consumidores el sistema capitalista, es decir, una libertad que supone pagar (o pagar más) por aquello que se pretende adquirir. Por lo tanto, si no tienes dinero, tampoco tienes libertad.

Sin embargo, gracias al modelo del Bienestar, hay una libertad gratuita que se materializa en la enseñanza pública.

El problema es cuando algunas familias, galvanizadas –como decimos– en torno a los valores de la derecha sociológica, pretenden que “su” libertad para elegir enseñanza privada y religiosa, sea abonada por el Estado.

Pero eso no es “libertad” educativa, sino una burda estratagema para que el Estado corra con los gastos de ciertos caprichos particulares. La Constitución Española consagra en su artículo 27 “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Pero no dice en ningún lugar que esa preferencia deba ser sufragada con cargo a los fondos públicos.

Los conciertos educativos fueron uno de los principales errores del gobierno de Felipe González, y como puede comprobarse, todavía seguimos padeciendo sus efectos. Ese híbrido de enseñanza privada y confesional pagada por los impuestos de todos, rompe lo que debería ser el orden lógico de las cosas en un país civilizado: una enseñanza pública, laica y de calidad a la que pudiera acceder todo el mundo en condiciones de igualdad, por un lado; y unos edificios religiosos en los que cada confesión pudiera impartir sus dogmas fuera del horario lectivo, por otro.

 

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