Constitucionalidad exprés

30. septiembre 2014 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Tal y como había insinuado el Gobierno de España, sólo bastaron unas horas para que el Tribunal Constitucional suspendiera ayer la consulta soberanista catalana, después de que el Ejecutivo de Rajoy impugnara su convocatoria blandiendo la prerrogativa que le otorga el artículo 161.2 de la Carta Magna.

Tanta celeridad en la admisión a trámite del recurso gubernamental denota precipitación, prejuicio, falta de rigor y de tiempo para estudiar la cuestión de fondo, por muy claro que sea el artículo 149.1.32 de la Constitución a la hora de otorgar al Estado la “autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”.

Solventar por la vía legalista una aspiración popular mayoritaria para ejercer el derecho al voto, resulta -cuando menos- imprudente. Y desde luego, aludir a la inquebrantabilidad de las reglas del juego establecidas en la Constitución, cuando éstas se rompen cada viernes en el Consejo de Ministros, es un ejercicio de hipocresía política tan evidente que no requiere de mucha más argumentación.

Precisamente ayer se conocieron las anticonstitucionales condiciones de vida en las que viven cada vez más personas en este país. La Memoria Anual 2013 presentada por Cáritas reveló que el año pasado otras 600.000 cayeron en situación de pobreza, ya que esta entidad pasó de atender a 1.900.000 personas en 2012 a 2.500.000 en 2013.

Seis años después del estallido de la crisis financiera internacional, el número de pobres en España sigue aumentando en lugar de disminuir. Una tragedia cotidiana que no se produce a causa del colapso bancario mundial, sino como consecuencia directa de las políticas económicas antisociales (y por lo tanto anticonstitucionales) que el neoliberalismo ha implantado en nuestro país y en los países de nuestro entorno.

Sin embargo, el mal llamado “Tribunal Constitucional” no ha suspendido ni anulado precipitadamente las contrarreformas laborales de Zapatero y Rajoy, ni tampoco los recortes presupuestarios en servicios esenciales, ni los desahucios inmobiliarios sufridos por los más pobres, ni mucho menos los rescates públicos a un sector financiero que durante los años de la burbuja inmobiliaria se dedicó a especular a dos manos, desoyendo las voces que alertaban sobre la insostenibilidad de la situación.

Ayer este grupo de juristas “de reconocido prestigio” llamado “Tribunal Constitucional” legitimaron las palabras pronunciadas hace un año por José Manuel García-Margallo, en el sentido de que “la Constitución Española tiene dos artículos, y sólo dos, el resto es literatura”. Naturalmente, el todavía ministro de Exteriores, como representante de la derecha más rancia y casposa de este país, se estaba refiriendo a la unidad de la patria y al carácter indivisible de la soberanía nacional. Con actitudes así, no es de extrañar que haya gente deseando que sus territorios salgan de España a toda velocidad, aunque al otro lado les espere la ignominia del 3%. Cuestión de males menores.

 

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