Cuando la policía española detenía a los maestros

16. mayo 2013 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

En este país todavía se recuerda aquellos oscuros tiempos de la dictadura franquista en los que la policía detenía a los maestros desafectos al régimen. Quizá también en aquella época los informativos de Televisión Española aconsejaban rezar frente a las adversidades de la vida, y mostraban la manera de que las jovencitas vistieran con decoro “para no provocar”.

Lo cierto es que ayer la Policía Nacional detuvo a un pacífico maestro en el Centro Cívico Almozara de Zaragoza, después de que éste participara en un escrache dirigido hacia la consejera de Educación Dolores Serrat. Los amigos y correligionarios de Serrat en la Delegación del Gobierno en Aragón no pudieron impedir esta vez el escrache, ya que no se produjo en la calle donde reside la consejera. Por ello, la prohibición gubernamental de que la Marea Verde pise esta calle no tuvo ningún efecto.

El escrache tuvo lugar en un edificio público al que las personas tienen derecho a entrar y salir cuando lo consideren conveniente. Sin embargo, la Policía española (que cada vez es menos “Nacional” y más “del PP”) cumplió una orden posiblemente ilegal que consistía en identificar a personas que no habían cometido falta ni delito alguno.

Los tiempos autoritarios que vive este país gracias al régimen de Rajoy resultan propicios para que algunos mandos policiales actúen en el peligroso filo de la legalidad. Sin embargo, los agentes de calle, esas y esos profesionales admirables que hasta hace muy poco velaban por la seguridad de la ciudadanía, se están viendo abocados, por órdenes “de arriba”, a un precipicio de impopularidad en el que pueden dilapidar rápidamente todo el prestigio conseguido por el Cuerpo durante las últimas décadas.

Y todo para salvar el culo a los gobernantes que les han robado una paga extra y que siguen promulgando medidas antisociales y absolutamente ilegítimas, ya que en ningún momento las sometieron a consideración de los votantes. La policía es del pueblo, no del Gobierno. Por ello, ante tanto neofascista encorbatado okupando las instituciones de este país, los agentes deberían repasarse a fondo la Constitución Española para determinar cuáles de las órdenes recibidas son legítimas y cuáles no.

 

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