Cuchillas y alfombras rojas

10. diciembre 2013 | Por | Categoria: Editorial

Muchos podrían pensar que la instalación de cuchillas en la valla de Melilla por parte del régimen de Rajoy es una medida contra la inmigración, pero se equivocarían. La decisión de colocar estos instrumentos bárbaros e inhumanos en la frontera española con Marruecos constituye una medida contra los pobres. Las restricciones literalmente sangrantes que España va a establecer contra quienes intentan saltar la valla (reafirmadas durante las últimas horas por el ministro del Interior y por el propio presidente del Gobierno), no se basan en la xenofobia (odio hacia el extranjero) sino en la aporofobia (odio hacia el pobre).

De otro modo, sería imposible entender el artículo 63 de la recién aprobada Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que establece la concesión automática del permiso de residencia en España (primer paso hacia la futura concesión de la nacionalidad) para todos aquellos extranjeros que adquieran en nuestro país bienes inmuebles por más de 500.000 euros, que compren deuda pública española por valor superior a 2 millones de euros, o que inviertan al menos un millón de euros en acciones o participaciones sociales de empresas españolas.

“Cuchillas para los pobres y alfombra roja para los ricos” parece ser el lema de una España y de una Unión Europea cada vez más enfermas de neoliberalismo, tal como denunciábamos en este mismo espacio hace más de tres años.

De hecho, el principal argumento del régimen de Rajoy a la hora de colocar las cuchillas ha sido el ejemplo de otros países de Europa, del mismo modo que una de las razones esgrimidas por Moncloa para justificar la venta controlada de permisos de residencia fue la de equipararnos con las regulaciones aprobadas por otros gobiernos neoliberales como los de Estados Unidos, Portugal o Reino Unido.

En el caso de las cuchillas, no se puede admitir la excusa de que se trata de elementos disuasorios que van contra las mafias y no contra los inmigrantes serán los inmigrantes (y no los mafiosos) los que corran el peligro de morir desangrados en las alambradas españolas de la vergüenza. En esos casos, por cierto, ¿qué harán los agentes aduaneros españoles, asistirles en nuestro territorio, o contemplar impávidos cómo mueren, cometiendo de este modo un delito de omisión del deber de socorro? Además, la lucha contra las mafias de la inmigración no se desarrolla poniendo cuchillas que afectarán a terceros inocentes, sino investigando codo con codo con la policía marroquí para lograr la localización, captura y enjuiciamiento de sus responsables.

En el caso de la venta regulada de permisos de residencia para los inmigrantes ricos, resulta imposible no concluir que estamos ante una opción de clase a favor de quienes más bienes poseen, algo que (por mucho que se practique en EEUU, Reino Unido o Portugal) contradice los principios elementales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Constitución Española y del propio Estado de Derecho.

 

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