Dación en pago: privilegios y sacrificios

14. marzo 2013 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

En la sesión de control al Gobierno que se celebró ayer en el Congreso de los Diputados, el representante del grupo formado por IU–ICV/EUiA–CHA, Joan Coscubiela, formuló a Mariano Rajoy una pregunta sencilla: “¿Por qué los bancos aceptan la dación en pago de inmobiliarias y especuladores por importe que supera los 100.000 millones de euros, y en cambio esos mismos bancos no aceptan la dación en pago para las familias, que además, son las que están pagando con sus impuestos el agujero que han dejado estos bancos?”.

De esta manera, el diputado izquierdista abogaba por la solución incluida en la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y que propone establecer la dación en pago retroactiva para los casos de insolvencias sobrevenidas, de buena fe y que afecten a la primera vivienda. Algo que es de justicia, si tenemos en cuenta que las viviendas sobre las que se concedieron hipotecas durante la década prodigiosa del ladrillo, fueron sobrevaloradas intencionadamente por las propias entidades financieras, y que ahora se quiere hacer pagar a los compradores y avalistas de buena fe la diferencia entre el precio real y el ficticio.

La respuesta textual del presidente del Gobierno fue la siguiente: “Lo digo con meridiana claridad: es necesario conjugar la protección de los deudores hipotecarios y las situaciones tristes y duras, con la situación del mercado. La dación en pago general o la suspensión de la ejecución hipotecaria podría dañar sin remedio la garantía hipotecaria y el acceso futuro de todas las familias españolas a los préstamos hipotecarios. Hay que preservar la seguridad jurídica e intentar llegar donde sea posible para solucionar un problema que existe y que afecta a muchos ciudadanos”.

¿Conjugar la “protección de los deudores hipotecarios” con “la situación del mercado”? El Gobierno de España y sus fuerzas antidisturbios han demostrado perfectamente cómo “conjugan” ambos conceptos ¿La dación en pago “podría dañar sin remedio la garantía hipotecaria y el acceso futuro de todas las familias españolas a los préstamos hipotecarios”? ¿A quién hay que atribuir semejante profecía? ¿Quizá a los mismos “analistas financieros” que vaticinaron la sostenibilidad de la burbuja inmobiliario–financiera? ¿“Hay que preservar la seguridad jurídica”? Por supuesto, comenzando por el artículo 47 de la Constitución Española, que como Mariano Rajoy no sabe, dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

¿Qué más legitimidad constitucional necesita Rajoy para aprobar la dación en pago retroactiva para situaciones de insolvencia sobrevenida, de buena fe, y en los casos de primera vivienda? ¿Qué más tiene que decir la Constitución para que el Gobierno de España ponga en marcha un verdadero parque de viviendas de alquiler social?

En cualquier caso, Mariano Rajoy eludió responder a la pregunta del diputado Coscubiela. Y evitó hacerlo porque no es fácil justificar que los promotores y los especuladores inmobiliarios puedan acogerse legalmente a la dación en pago para solventar sus deudas hipotecarias, mientras las personas físicas tienen que entregar su vivienda y además quedar endeudados de por vida si ésta es subastada por una cantidad inferior a la deuda pendiente.

Es la política del señor Rajoy y de todos los presidentes del gobierno que le han precedido: “para unos, los privilegios; para otros, los sacrificios”.

Esperemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencie hoy con claridad que la legislación hipotecaria española vulnera los derechos de los consumidores, tal como adelantó en noviembre la abogada general de este órgano, Juliane Kokott, a la hora de presentar sus conclusiones sobre el asunto.

 

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