De violadores de la Constitución y políticos incompetentes

14. agosto 2012 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Cuando quedan pocas horas para que caduque la vigencia del Plan Prepara, y ante el riesgo de que cientos de miles de parados y paradas de nuestro país queden en situación técnica de indigencia, el régimen de Mariano Rajoy sigue de vacaciones sin decidir todavía si prorrogará o no la medida.

El punto de cinismo lo puso hace unos días el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, al declarar que sería bueno que se prorrogara el Plan Prepara, siempre que hubiera presupuesto para ello.

Al parecer, el diputado Alfonso Alonso es uno de esos políticos incompetentes que no se leen la letra pequeña cuando juran o prometen acatar la Constitución Española. Según el artículo 41 de la misma, “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”.

Como se puede comprobar, la principal ley de nuestro ordenamiento jurídico no recoge ninguna expresión del tipo “siempre que sea posible” o “cuando el presupuesto lo permita”. Mantener las prestaciones por desempleo en España es un mandato constitucional categórico que, al parecer, algunos gobernantes estarían dispuestos a incumplir en aras de una política de reducción del déficit público cuyo único logro es generar cada día más pobreza en nuestro país.

Como también es un mandato categórico lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Vivimos una situación de crisis económica que resulta idónea para poner en práctica este enunciado, sobre todo conectándolo con el artículo 31, aquel que dice que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

Las que sí están resultando confiscadas por el régimen son las expectativas vitales de millones de familias desempleadas, desahuciadas o desatendidas por un Estado que se ocupa más de hacer realidad los caprichos neoliberales paridos en Berlín, en Frankfurt o en Bruselas, que de cubrir las necesidades básicas del pueblo soberano.

 

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