Defraudadores y lameculos

17. marzo 2017 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Algo hemos debido de hacer mal los zaragozanos en nuestras vidas para merecer el castigo de tener a Gustavo Alcalde como delegado del Gobierno en Aragón, y a Ángel Val como subdelegado del Gobierno en Zaragoza. Una maldición cósmica de semejante magnitud sólo puede deberse a un astronómico castigo por algo que la población zaragozana ha hecho o ha dejado de hacer.

Quizá lo que hemos hecho mal es colocar como primera fuerza política de Aragón, de la provincia de Zaragoza y de la capital de ambas al partido de estos dos señores, ignorando los numerosos casos de corrupción que le persiguen y el historial de recortes y políticas antisociales que le acompaña.

Sólo así podemos llegar al momento de escuchar las vergonzosas afirmaciones que la Delegación del Gobierno en Aragón divulgó ayer a través de un comunicado relativo a la última decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

La historia es la siguiente: el 25 de julio de 2016, el gobierno municipal en minoría de Zaragoza En Común aprueba un decreto que impide al Ayuntamiento contratar con empresas que, previa sentencia firme, hayan sido condenadas por operar en paraísos fiscales. La medida no sólo es justa, sino que además resulta profundamente democrática, ya que la inmensa mayoría de la población estaría a favor de la misma si se sometiera a consulta.

Sin embargo, tres meses después, la Delegación del Gobierno en Aragón pide al Ayuntamiento que retire el decreto, aduciendo dos razones nivel dummie: no se respeta la presunción de inocencia de las empresas (¿?), y el Ayuntamiento no tiene competencias para decidir cómo son los pliegos de condiciones que elabora (¿¿??).

Pero como la mano de los siervos del capital es muy larga, la Delegación del Gobierno en Aragón, asistida incomprensiblemente por la Abogacía del Estado (que en este caso se pone de parte de uno de los tres niveles administrativos del Estado -el central-, despreciando a otro -el local-), consigue que el TSJA admita su recurso contra el decreto municipal, e incluso, suspende cautelarmente sus efectos.

Y no contentos con la cacicada cometida, desde la Delegación del Gobierno en Aragón se emite un durísimo comunicado contra el Gobierno de Zaragoza, en el que se dice, por ejemplo, que el Ayuntamiento “no está para hacer discursos demagógicos ni para dar lecciones de filosofía trasnochada”.

Y dicen esto quienes representan a un Gobierno central que no ha movido un dedo contra las empresas que operan en paraísos fiscales, entre ellas, el 95% de las que forman parte del Ibex-35.

Por lo tanto, si a juicio de los señores Gustavo Alcalde y Ángel Val, establecer medidas contra las empresas defraudadoras es “dar lecciones de filosofía trasnochada”, a sensu contrario podría interpretarse que hacer la vista gorda ante quienes te van a ofrecer suculentas poltronas en consejos de administración cuando acabe tu vida política, es algo así como “lamer el culo de quienes hoy defraudan y mañana te contratan.

 

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