Delito de cinismo político

15. octubre 2012 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Al hilo de la nueva reforma del Código Penal, el ministro Ruiz–Gallardón ha desaprovechado una magnífica ocasión para tipificar el cinismo político, como “la desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables por parte de los representantes públicos en el ejercicio de su cargo”.

De haberlo hecho, quizá el primer imputado hubiera sido el propio presidente del Gobierno, que este mismo sábado y durante un mitin electoral celebrado en Bilbao, se atrevió a decir lo siguiente: “hoy, apartarse de la Constitución Española y apartarse del Estatuto es, lisa y llanamente, apartarse de la prosperidad, del bienestar y del empleo, y por eso no lo vamos a hacer, porque no lo podemos hacer”.

Dos posibilidades: o bien Mariano Rajoy no conoce el contenido de la Constitución que ha jurado cumplir y hacer cumplir, o bien el presidente es un tipo que disfruta mintiendo al pueblo que le ha elegido.

En el caso de que Rajoy sea tan ignorante como para no saber lo que jura, hay que recordarle que la Constitución Española establece, entre otros, el derecho de los ciudadanos a participar directamente en los asuntos públicos (y no sólo a través de sus representantes institucionales, art. 23), y la progresividad fiscal como principio recaudatorio de la Hacienda Pública (art. 31), y la función social de la propiedad privada (art. 33), y el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades propias y las del núcleo familiar al que se pertenece (art. 35), y la fuerza vinculante de los convenios colectivos (art. 37), y la protección social de la familia (art. 39), y la redistribución de la riqueza como principio rector de la economía (arts. 40 y 131), y el derecho de la ciudadanía a percibir las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo (art. 41), y la protección de la salud a través de las prestaciones y servicios que sean necesarios (art. 43), y el derecho a una vivienda digna y adecuada (art. 47), y a que los poderes públicos regulen la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación (art. 47), y el derecho a recibir unas pensiones periódicamente actualizadas que garanticen la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad (art. 50).

La Carta Magna establece también que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” (art. 128), y que el Estado “podrá planificar la actividad económica general para atender las necesidades colectivas” (art. 131).

Lo que no dice la Constitución es que todos estos preceptos estén supeditados a una coyuntura económica favorable o a la voluntad de determinados gobernantes extranjeros como Angela Merkel, Jose Manuel Durao Barroso, Herman Van Rompuy, Mario Draghi o Christine Lagarde. Por el contrario, los incluidos en la Constitución son mandatos de obligado cumplimiento por parte de los poderes públicos de este país, en cualquier circunstancia, momento y situación.

En el segundo de los casos, es decir, que Rajoy sea un cínico que disfruta diciendo al pueblo que no piensa “apartarse” de la Constitución, cuando todas sus medidas económicas la incumplen a diario, lo que correspondería sería una reacción ciudadana tan pacífica como contundente que obligue al presidente del Gobierno, bien a convocar un referéndum sobre política económica, o bien a abandonar el cargo que inmerecidamente ocupa, y a convocar unas nuevas elecciones generales donde la ciudadanía pueda escoger entre los diferentes modelos económicos que propongan las candidaturas.

Al fin y al cabo, si determinados poderes no democráticos pueden obligar a Rajoy a realizar cosas que él no desea realizar (como él mismo ha reconocido), ¿por qué no iba el pueblo soberano (art. 1) a disponer de esa misma facultad?

 

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