Democracia orgánica

29. noviembre 2010 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

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La democracia orgánica es una de las formas de representación social más habituales en los sistemas totalitarios. En ella, los gobernantes no son elegidos por la ciudadanía mediante un voto individual, libre, igual, directo y secreto, sino que la gestión se ejerce a través de la representación de diferentes agentes sociales, religiosos o territoriales.

 

Salvaguardando el derecho de todo gobernante democrático a intercambiar impresiones sobre cualquier cuestión con los colectivos sociales que desee, resultaría bastante más preocupante que en esos encuentros se tomasen decisiones ejecutivas, o se diseñasen medidas concretas para su posterior tramitación institucional.

 

En este sentido, la reunión que el sábado mantuvo en La Moncloa el presidente del Gobierno con los 37 principales empresarios del país, se parece más a un episodio de democracia orgánica que a un trámite protocolario celebrado en el marco de un Estado social y democrático de Derecho, como el que establece el artículo 1 de nuestra maltratada Constitución.

 

El precedente de la última reforma laboral, confeccionada a medida de los grandes empresarios de nuestro país y en contra del programa electoral del partido gobernante, es un indicio que convierte en sospechosa la reunión del pasado sábado en Moncloa.

 

De hecho, en este encuentro sobraron intereses empresariales y faltó sentido de Estado, ya que la iniciativa durante la reunión correspondió en todo momento a los empresarios y no al presidente del Gobierno, que olvidó recordar que el artículo 128 de nuestra Carta Magna dice que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, o que el 131 establece que “el Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución”.

 

Pero especialmente insultante resultó el gratuito manejo por parte de los interlocutores de la palabra “competitividad”, sobre todo referido a la forma de acabar con el desempleo que la propia clase empresarial española ha generado durante los dos últimos años, en un porcentaje muy superior a la media de la zona euro ¿Qué es “competitividad”? ¿Seguir rebajando derechos sociales, como propusieron el sábado los empresarios al Gobierno? ¿Parecernos cada vez más a las factorías esclavistas chinas, indonesias o marroquíes? ¿Continuar abriendo la brecha entre ricos y pobres en España, incumpliendo todos los preceptos económicos de nuestra Constitución? Tal vez, para esto último, el profesor de Derecho Constitucional Rodríguez Zapatero tenga alguna respuesta, considerando sus escasos conocimientos en materia económica.

 

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