Derechos constitucionales a porrazos

5. noviembre 2010 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

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Dice el artículo 104 de la Constitución Española que “las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. Sin embargo, a la hora de llevar a la práctica este mandato, el Gobierno de turno suele mostrar su brazo coercitivo para garantizar sólo unos derechos constitucionales (casualmente, los más cercanos a los grandes poderes económicos) en detrimento de otros.

 

Un ejemplo de esta actitud tramposa la pudimos observar ayer cuando los efectivos antidisturbios de la Guardia Civil apalearon a unos trabajadores en huelga que intentaban impedir que su empresa redujese a la nada este derecho constitucional.

 

Frente al almacén de la empresa Lear en Pedrola, los guardias civiles sólo garantizaron el derecho a la libre circulación de personas y bienes (artículos 19 y 139 de la Constitución Española), a la libre empresa y a la productividad (art. 38), así como el derecho de las autoridades a conocer las movilizaciones convocadas en lugares de tránsito público (art. 21).

 

Sin embargo, los antidisturbios de la Guardia Civil (cumpliendo en todo caso las órdenes recibidas de la autoridad competente) no movieron un solo dedo para garantizar el derecho constitucional a la huelga impidiendo que los trabajadores que secunden los paros sean sustituidos por otros (art. 28.2), a un trabajo con remuneración suficiente para satisfacer las necesidades propias y familiares (art. 35.1), o a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y los empresarios (art. 37.1).

 

Ayer en Pedrola, lo único que importaba a la Guardia Civil y a la autoridad de la que depende, es que la factoría de Opel–España recibiese a tiempo los materiales necesarios para su funcionamiento, aunque éstos hubieran sido elaborados por trabajadores sustitutos de otros en situación de huelga legalmente convocada para rechazar el despido de 80 compañeros.

 

Parece que el profesor de Derecho Constitucional y Delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández, tiene una forma un tanto peculiar y sesgada de interpretar los preceptos de nuestra Carta Magna.