Desarrollo tecnológico rural

24. marzo 2015 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Hace casi cinco años, este diario denunciaba las vergüenzas tecnológicas que deben soportar muchos de los habitantes del Aragón rural, sin acceso a Internet de banda ancha, con conexiones afectadas por la climatología, o pasando por antenas de telefonía móvil tan obsoletas como inadecuadas para la transmisión de datos.

Ante la pasividad de las empresas de telecomunicaciones para solucionar esta problemática con cargo a sus propios beneficios, ha sido el actual Gobierno de Aragón el que ha dado un paso adelante para “ofrecer Internet de alta velocidad a todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia”, tal como señalaba el comunicado emitido ayer. Una decisión plausible que destinará 36,4 millones de euros del erario a la conexión por banda ancha de 348 localidades y 351 centros educativos de Aragón, durante los próximos tres años y a través de un convenio con Telefónica España.

No obstante, la firma del convenio revela un artificio macroeconómico del que ya advertíamos en nuestro artículo de hace casi cinco años. “Este subdesarrollo tecnológico en las zonas poco pobladas es una muestra más de que las compañías privadas están esencialmente incapacitadas para prestar servicios públicos, ya que la extensión de éstos a toda la ciudadanía (independientemente del lugar de residencia) suele estar reñida con el ánimo de lucro y con los intereses particulares de sus accionistas. El Estado debería tomar nota de ello”, decíamos entonces.

La trampa es la siguiente: cuando Telefónica era una empresa pública, y por lo tanto, sin ánimo de lucro, su objetivo fundamental era proporcionar un buen servicio a la ciudadanía. Desde su privatización total en 1999, Telefónica es una empresa privada cuya única finalidad es ganar dinero para sus accionistas, rehuyendo, por tanto, cualquier iniciativa no rentable desde el punto de vista económico.

Así pues, lo que antes hubiera asumido el Estado como tarea propia, ahora debe contratarlo con una empresa que, además del coste de mercado del servicio que va a prestar, añadirá a la factura su parte de beneficio empresarial, para mayor gloria de sus accionistas. Teniendo en cuenta que el contribuyente es quien acaba pagando actuaciones como la que sirve de objeto a este comentario, tanto en el caso de que lo preste una empresa pública, como si lo hace una empresa privada contratada para tal fin, esta segunda opción resulta más cara, al incorporar el elemento del ánimo de lucro privado.

Bienvenido sea, pues, el desarrollo tecnológico de las zonas menos pobladas de nuestra comunidad autónoma, pero malditas sean también las privatizaciones que se realizaron en su momento sobre determinadas empresas dedicadas a la prestación de servicios públicos esenciales, y que hacen que la ciudadanía acabe pagando un plus destinado a los bolsillos de ciertos accionariados.

 

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