Desobedecer las órdenes ilegales

16. septiembre 2014 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

El Estado de Derecho supone que ninguna persona o institución está por encima de la ley. Es el mismo argumento que cada día arrojan desde el Gobierno central al presidente de la Generalitat para contrarrestar su intención de convocar un referéndum carente de soporte legal y constitucional.

Sin embargo, el Estado de Derecho queda relegado en un cajón del Ministerio del Interior cuando de lo que se trata es de reprimir manifestaciones contrarias a la política del Gobierno, o de impedir la entrada de inmigrantes indocumentados por la valla de Melilla.

La imputación del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, A.M.V., por un delito de prevaricación presuntamente cometido por haber devuelto en caliente a los inmigrantes sin cumplir lo dispuesto en la Ley de Extranjería, conecta con el juicio que hoy comienza en Madrid contra dos antidisturbios de la Policía Nacional a los que se acusa de golpear a una periodista mientras informaba sobre el desarrollo de las Marchas de la Dignidad el pasado 22 de marzo.

Alguien podría pensar que el hecho de que estos juicios se celebren, confirma la vigencia de un Estado de Derecho que actúa contra los excesos cometidos por los agentes encargados de su salvaguarda. Pero quien pensase así se estaría equivocando, porque estos dos procesos judiciales han sido posibles gracias a que la grabación de los hechos han anulado la presunción de veracidad de la que disfrutan los agentes, mientras que la inmensa mayoría de excesos cometidos por éstos carece de testimonio gráfico acusatorio.

En esa ausencia de luz y de taquígrafos, la prevalencia del Estado de Derecho sólo puede asentarse en la profesionalidad de unos mandos que se nieguen a ejecutar órdenes ilegales procedentes de los responsables políticos del Ministerio del Interior, y en la honestidad de unos agentes que demuestren más lealtad hacia la ley que hacia los compañeros que la infringen.

La emisión de órdenes por escrito, debidamente firmadas, y sin espacios claroscuros que se presten a la interpretación o al sobrentendido, debería generalizarse en este ámbito para impedir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado corran el riesgo de perder su bien ganado prestigio al obedecer los delirios transgresores del político de turno.

 

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