Desobediencia económica

8. agosto 2012 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Según el ex director general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Jacques Diouf, “tenemos la capacidad de producir suficiente alimento para que todo habitante del planeta se nutra bien”. Si esta evidencia científica no se cumple, habrá que señalar como responsables a quienes gestionan un sistema económico cada día más incapaz de distribuir correctamente los recursos disponibles entre todos los habitantes del planeta.

Las imágenes del hambre ya no son exclusivas de los llamados países del Tercer Mundo, sino que pueden contemplarse también en muchos rincones de la Europa del Bienestar en los que las personas no tienen qué llevarse a la boca como consecuencia de su situación de desempleo, de precariedad salarial, o del simple retraso en el cobro de una nómina.

En este contexto, y ante la incapacidad de un Gobierno neoliberal para cumplir y hacer cumplir los contenidos socioeconómicos de la Constitución Española, varios cientos de sindicalistas andaluces ofrecieron ayer un admirable ejemplo de solidaridad al entrar en las instalaciones de varias cadenas de alimentación para expropiar productos y alimentos de primera necesidad que luego serán repartidos gratuitamente entre algunas de las personas más necesitadas de aquella comunidad autónoma.

No faltarán quienes afirmen que las acciones de desobediencia económica que ayer sucedieron en Écija y Arcos de la Frontera constituyen una subversión del orden jurídico establecido. Sin embargo, la verdadera subversión la cometen las instancias legislativas y ejecutivas del país cada vez que aprueban un recorte presupuestario o una medida económica que atenta contra los pilares del Estado social establecidos en la Constitución Española de 1978.

Tampoco faltarán quienes sostengan que esta iniciativa del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), con el diputado autonómico de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo a la cabeza, constituye un delito de robo que debe ser castigado conforme a la ley. Sin embargo, el Código Penal establece en su artículo 237 que “son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando la fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas”.

A primera vista, resulta realmente difícil encontrar en este caso el “ánimo de lucro”, un concepto que sí puede apreciarse fácilmente en la actitud de algunas de las grandes cadenas de distribución comercial de alimentos cada vez que acuden al campo a comprar productos agrícolas a precios inferiores al coste de producción desde la filosofía del “o esto, o nada”.

Detraer a los ricos una parte de su riqueza para dársela a los pobres no es un delito, sino un mandato constitucional (artículos 31, 128 y 131) que los poderes públicos parecen haber olvidado. Al menos, cientos de jornaleros andaluces aún lo recuerdan. Ojalá cunda el ejemplo.

 

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