Dictadura neoliberal y derecho a la información

5. mayo 2016 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Una de las diferencias entre las dictaduras clásicas y la dictadura neoliberal en la que vivimos, es que ésta última presenta formas democráticas. A partir de ahí, quien ose cuestionar el actual modelo político y económico desde una posición influyente, será considerado hereje y condenado a severas penas de prisión. En los países menos avanzados, una bala en la cabeza reducirá el papeleo.

La celebración el pasado martes del Día Mundial de la Libertad de Prensa ha vuelto a poner el foco mediático en el retroceso que se está viviendo en esta materia. Resulta vergonzoso que los gobiernos “democráticos” de Suecia y el Reino Unido mantengan a Julian Assange encerrado en la embajada de Ecuador en Londres, ante el riesgo de ser detenido en cuanto ponga un pie en la calle.

Resulta vergonzoso que Edward Snowden haya tenido que pedir asilo político en Rusia tras desvelar algunas de las actividades ilegales que el gobierno estadounidense realizaba en la sombra.

Y resulta vergonzoso también que un fiscal de Madrid pida dos años y medio de prisión para los periodistas de ABC Pablo Muñoz y Cruz Morcillo, por haber publicado en 2014 el contenido de una escucha telefónica interceptada en 2013, en la que dos presuntos mafiosos italianos conversan sobre la relación de uno de ellos con “el tesorero del PP, el del escándalo”.

Quizá este fiscal haya alcanzado su puesto sin haberse leído antes la Constitución Española (algo que suele hacerse en primero de Derecho). Para completar su laguna intelectual, le aclararemos que el artículo 20.1 d) de nuestra Carta Magna dice textualmente que “se reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Un derecho activo y pasivo que sólo puede verse limitado por el resto de los derechos fundamentales, y en especial, por el “derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.

La ley mordaza aprobada por el PP en la penúltima legislatura va más allá de la propia Constitución y restringe el derecho a la información incluyendo en la zona prohibida todas aquellas situaciones y circunstancias que se le pongan en las pelotas al ministro del Interior. Algo perfectamente normal, puesto que en las dictaduras el ministro del Interior o equivalente es uno de los cargos con más poder institucional.

Pero volviendo a los derechos y libertades democráticas, conviene recordar que los tribunales españoles han dictaminado en numerosas ocasiones que la publicación de informaciones veraces y de interés general no sólo es absolutamente legal, sino que también resulta constitucionalmente recomendable.

La cuestión es hasta qué punto permitirá el soberano pueblo español que los neoliberales sigan degradando el sistema de derechos y libertades que la ciudadanía decidió darse un 6 de diciembre de 1978.

 

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