Discursos anticonstitucionales

3. julio 2014 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Para hacer frente al creciente desapego de la ciudadanía respecto a la vida política, los partidos y sus fundaciones harían bien si dejaran de promocionar discursos abiertamente anticonstitucionales como el que este martes pronunció el presidente de la CEOE en el Campus FAES 2014.

Según Juan Rosell, la negociación colectiva laboral de la que habla el artículo 37.1 de la Constitución está “anquilosada en el pasado” y hay que darle “una vuelta al calcetín”. Sería bueno que Rosell explicara que parte considera obsoleta en un artículo que dice que “la ley garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios”, sobre todo, si tenemos en cuenta que cada vez que en España se le ha dado la vuelta a un calcetín económico, la clase trabajadora se ha quedado con el pie desnudo.

Otra de las perlas que soltó el invitado de FAES fue la reclamación de un “consenso social” para eliminar la brecha existente entre contratos indefinidos y contratos temporales. La estrategia es fácil de comprender: primero los grandes empresarios generan el problema “sugiriendo” al poder político reformas laborales que implantan la temporalidad y la precariedad, y luego reclaman una solución consistente en equiparar modelos rebajando los derechos de aquellos grupos de trabajadores más protegidos por la legislación.

Aunque la afirmación más repugnante de cuantas realizó Juan Rosell fue aquella en la que dijo que muchos “amos y amas de casa” se habían apuntado al paro durante los últimos años para ver si podían arañar algún subsidio. Con esta demostración demagógica, el jefe de la patronal no sólo demostró una insensibilidad social que quizá debería tratarle algún psiquiatra, sino que volvió a pisotear una Carta Magna cuyo artículo 41 dice que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”.

El artículo 20 de la Constitución habilita a Juan Rosell y a cualquier otro ciudadano de este país para expresar todas las estupideces que le pasen por la cabeza, pero lo que no debería ocurrir es que la propagación de estas ocurrencias anticonstitucionales se financie con dinero público a través de una fundación perteneciente al Partido Popular.

Cuando Rosell quiera hacer algo interesante por el empleo y por la economía española, tiene la posibilidad de hablar sobre los efectos que han causado las deslocalizaciones masivas de industrias, sobre la progresiva sustitución de mano de obra humana por procesos automatizados vinculados a las nuevas tecnologías, sobre el atesoramiento de riquezas que han practicado las rentas más altas durante la crisis, sobre la concesión de expedientes de regulación de empleo absolutamente injustificables, sobre la inmensa cantidad de dinero público que se ha malgastado en incentivos empresariales a la contratación, y sobre la creciente desigualdad social que están generando las políticas económicas que los dos últimos gobiernos de España han llevado al BOE por “sugerencia” de la patronal.

 

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