Dos resoluciones judiciales esperanzadoras

31. mayo 2013 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

En el día de ayer coincidieron dos resoluciones judiciales de esas que llevan a pensar que todavía queda espacio para los Derechos Humanos en este planeta.

La primera de ellas venía de San José de Costa Rica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enmendaba la plana al Tribunal Supremo salvadoreño y ordenaba a las autoridades de aquel país que permitan el aborto terapéutico de la joven Beatriz. Esta resolución era un puñetazo encima de la mesa para sacar de su estupidez a quienes sostienen que la vida de un feto anencefálico (sin cerebro) merece el mismo respeto jurídico que la de la madre que lo porta, aunque el proceso de gestación pueda acabar con la vida de ella.

En este caso, el conflicto de intereses no es entre una vida y otra, sino entre las normativas internacionales sobre Derechos Humanos y una legislación nacional contaminada por el fundamentalismo católico más rancio y trasnochado que se pueda imaginar. El dilema es fácil de resolver, ya que no todos los seres humanos del planeta son católicos, ni musulmanes, ni budistas, ni episcopalianos; pero todos, absolutamente todos, son seres humanos. Por eso, si la Humanidad desea mirar hacia el futuro, en lugar de volver al oscurantismo de la Edad Media, deben prevalecer normas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos frente a cualquier otra consideración ideológica, religiosa, institucional o consuetudinaria.

La otra resolución judicial venía desde mucho más cerca: el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Tras el recurso presentado por los convocantes de la marcha ciudadana del 1 de junio “Pueblos unidos contra la Troika”, contra la decisión de la Delegación del Gobierno en Aragón que prohibía a la manifestación pasar por la calle Alfonso I de Zaragoza porque allí vive la consejera aragonesa de Educación, Dolores Serrat, el TSJA da la razón a los manifestantes.

La calle, en este caso, es de todos y todas, aunque este mismo tribunal fallase hace unos días lo contrario de lo que ha fallado ahora, ratificando la prohibición gubernativa de que una manifestación a favor de la educación pública y contra la ley Wert pasara por esa misma vía pública, por idéntica razón.

Bienvenido sea el arrepentimiento. En todo caso, lo que resulta imprescindible en estos momentos es que tanto el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, como el subdelegado del Gobierno en la provincia de Zaragoza, Ángel Val, dimitan de sus cargos inmediatamente. Esta tierra no merece a unos responsables políticos que actúan desde la arbitrariedad para criminalizar a todos aquellos movimientos ciudadanos cuyo único “delito” consiste en enarbolar las banderas de la democracia y de los derechos sociales.

 

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