El atraco a las pensiones

17. septiembre 2013 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Dejemos bien sentada una premisa: desde hace algunas décadas, las pensiones de jubilación en España no son una concesión graciosa de los gobernantes a los gobernados, sino un derecho inalienable de todo ciudadano. Por lo tanto, es completamente ilegal que el régimen de Rajoy pretenda eliminar parcialmente un derecho consolidado, a través de sucios subterfugios como el llamado “factor de sostenibilidad”.

Y es que, aunque los Moncloa Boys and Girls no lo crean, el artículo 50 de la Constitución Española (esa que, en su mayor parte, sólo es “literatura” para el ministro García–Margallo) OBLIGA a los gobernantes a actualizar periódicamente las pensiones, de modo que éstas garanticen “la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.

Pues bien, con la contrarreforma neoliberal del Gobierno (que pretende sacrificar en el ara del dios Mercado 33.000 millones de los bolsillos de los pensionistas durante los próximos nueve años), nuestros mayores no sólo no verán garantizada su “suficiencia económica” sino que cada año perderán poder adquisitivo. En este sentido, sólo una imbécil o una embustera (elijan ustedes mismos) se atrevería a decir lo que ayer dijo la ministra Fátima Báñez ante los micrófonos de Onda Cero: “las pensiones ganarán poder adquisitivo a medio y largo plazo con toda claridad”.

Sin embargo, lo que los neoliberales españoles no explican es que las raíces de su robo contra los pensionistas llegan hasta la década de los noventa, cuando se eliminaron todas las barreras legales y comerciales para que las empresas asentadas en España comenzaran a deslocalizarse hacia los exóticos paraísos de la semiesclavitud laboral. Los beneficios privados de estas empresas y de sus accionistas y propietarios crecieron a la misma velocidad a la que se desplomaban las cotizaciones sociales en nuestro país y los ingresos del Estado por los impuestos derivados de la actividad económica.

Ante la desindustrialización del país, y frente a la carencia de un modelo de desarrollo sostenible, el parche cortoplacista de la burbuja inmobiliario–financiera sólo sirvió para cumplir artificialmente los criterios de convergencia con el euro, y para empeorar el problema en el futuro, o sea, hoy.

La avaricia ilimitada de unos pocos, unida a la absoluta permisividad de unos gobernantes que han perdido el norte constitucional, está destruyendo todos los equilibrios socioeconómicos que trajo consigo el Estado del Bienestar.

Por eso, precisamente, sólo quedan ahora dos salidas: revertir todas las facilidades legales que fueron otorgadas a las grandes empresas para producir en régimen de semiesclavitud y traer luego sus productos acompañados por márgenes comerciales desmedidos, o realizar una demolición controlada del Estado del Bienestar, y por lo tanto, de la propia Constitución Española ¿Adivinan por cuál de estas dos opciones está apostando el régimen de Rajoy?

 

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