El billete de autobús

14. diciembre 2011 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

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La polémica que durante las últimas horas está envolviendo al Ayuntamiento de Zaragoza a propósito de los precios del billete de autobús y de la necesidad de reducir el importe de la subvención que la concesionaria TUZSA recibe del Consistorio, constituye un meritorio intento de cuadrar el círculo vicioso en el que el modelo municipal de transporte urbano ha encerrado a la ciudadanía y a las instituciones de la capital aragonesa desde hace décadas.

 

En la época de recortes indiscriminados del déficit público, una subida de los títulos de transporte por encima del IPC repercutiría negativamente en el ya muy castigado poder adquisitivo de la mayoría de los usuarios y usuarias del servicio.

 

Por otra parte, la introducción de criterios de progresividad en los precios del servicio (como pretenden Chunta Aragonesista e Izquierda Unida), resulta una solución técnicamente complicada para todo lo que no sean abonos mensuales, trimestrales, anuales y tarjetas de pensionistas.

 

Quizá sea el momento de recordar que ciertos servicios públicos como el transporte de personas (normalmente potenciados desde las instituciones por motivos medioambientales), deben ser esencialmente deficitarios para que mantengan una buena calidad, y que su coste debe ser sufragado por los tres niveles administrativos del Estado a través de impuestos progresivos. Esto se llama “Estado social” (o también “Estado del Bienestar”), se basa en el concepto de redistribución de la riqueza, y está reflejado en la Constitución Española.

 

Por ello, si el neoliberalismo presupuestario que impera en las cabezas de nuestros gobernantes es incapaz de garantizar unos servicios públicos de calidad, de lo que quizá haya llegado el momento es de sustituir a nuestros gobernantes.

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One Comment to “El billete de autobús”

  1. Manuel dice:

    No es mala idea esa de sustituir a los que hasta ahora han pasado por gobernarnos, o sea, que desde la A a la Z habria que sustituir a la mayoria, y todos sin excepción, pasarlos por el juzgado a que den cuenta del derroche de nuestro patrimonio.