El exilio de González Pons

27. agosto 2012 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

No cabe duda de que las últimas acciones reivindicativas realizadas por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) han situado el debate socioeconómico en sus justos términos. La cuestión no radica en las fingidas escaramuzas cotidianas entre PP y PSOE, sino en las crecientes desigualdades sociales que las políticas de unos y otros están generando en la sociedad española, reforma constitucional incluida.

La ciudadanía comienza a ser consciente de que todas las medidas económicas que se han tomado en España desde aquel 12 de mayo de 2010 en el que ZP se rindió a los Mercados no tienen como objetivo recuperar la economía del país, sino desmontar el Estado del Bienestar siguiendo la hoja de ruta del neoliberalismo mundial.

Por eso (y no por haber expropiado unos cuantos carros de compra con productos alimenticios de primera necesidad para entregarlos a personas sin ingresos) Juan Manuel Sánchez Gordillo y sus compañeros están poniendo tan nerviosos a ciertos poderes políticos, mediáticos y económicos del país.

Así, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, señaló el pasado miércoles que el Ejecutivo de Mariano Rajoy “no va a permitir nuevos atentados contra el Estado de Derecho”. Lo que no aclaró la delegada es si el Gobierno central va a seguir permitiendo los atentados contra el Estado del Bienestar que él mismo perpetra cada viernes.

En la misma línea, el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, declaraba ayer que si Sánchez Gordillo fuera presidente del Gobierno, él mismo se iría “al exilio al día siguiente”. Si unas acciones simbólicas que pretenden hacer visible el empobrecimiento progresivo que sufre este país son capaces de llevar al exilio a González Pons, tal vez el dirigente popular debería explicar por qué no se exilió, por ejemplo, cuando José María Aznar contribuyó a violar la legislación internacional apoyando una invasión militar ilegal e injustificada sobre Iraq que sólo ha sido capaz de generar caos, cientos de miles de muertes y estratosféricos beneficios a numerosas empresas occidentales.

Tampoco ha explicado por qué no se exilió cuando su partido puso el futuro de la economía del país en manos de un individuo llamado Rodrigo Rato que primero arruinó España con su diseño de burbuja inmobiliario–financiera, que después tuvo que salir corriendo como director gerente del Fondo Monetario Internacional, y que por último llevó al colapso a Cajamadrid tras reconvertirla en Bankia.

Cuando se regatean prestaciones sociales, cuando se desahucia a familias enteras sin ofrecerles alternativas, cuando se atenta contra la salud y la educación de la ciudadanía con recortes injustificados, o cuando se dejan de explorar vías alternativas para cuadrar los presupuestos como luchar contra el fraude fiscal o subir los impuestos directos a las rentas más altas (practicando así el mantra neoliberal de “arrimar todos el hombro”), la reacción social está servida.

Criminalizar la reacción social sin corregir las causas que la provocan constituye un ejercicio de cinismo institucional característico de regímenes autoritarios. Esto último deberían tenerlo en cuenta los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cada vez que reciban una orden injusta dictada por quienes no tienen ninguna legitimidad democrática para darla.

 

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