El futuro de Egipto

5. julio 2013 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

“A mí me gustaría que en Egipto y en todo el norte de África (y ya luego en otras zonas más próximas) pues muchos de los problemas que se están produciendo se resolvieran”. Con esta frase, perfectamente atribuible a cualquier alumno de 6º de Primaria, expresaba ayer Mariano Rajoy su postura personal acerca de la movilización social y del posterior pronunciamiento que el miércoles apartó al islamista Mohamed Mursi de la presidencia de Egipto.

Rajoy no explicó qué otras “zonas” problemáticas son más próximas a España que el norte del continente africano (¿las Islas Chafarinas?, ¿el islote de Perejil?), pero al menos, no zanjó la cuestión con un “ya tal…”, como hizo días atrás cuando los medios de comunicación le preguntaron por el ingreso en prisión de Luis Bárcenas.

Más allá de la incapacidad de Mariano Rajoy para verbalizar sus análisis mentales, lo cierto es que la situación de Egipto supone todo un desafío conceptual para la Ciencia Política. Tal como afirmábamos en nuestro editorial previo al pronunciamiento del ejército egipcio, la legitimidad democrática no basta como argumento de autoridad cuando ésta se utiliza para menoscabar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre cuyo articulado figura precisamente la democracia (art. 21).

El gobierno de Mursi no se dedicó a gobernar Egipto, ni a desarrollar en el país la democracia que pidieron los manifestantes de la primavera árabe, sino a implantar en el Estado y en la nación estructuras propias del fundamentalismo islámico. Una estrategia impulsada en todo el mundo musulmán por las adineradas monarquías de la península arábiga (y por quién sabe qué otros centros de poder internacionales), que constituye el paso previo a la aparición del yihadismo y de los consiguientes beneficios económicos para fabricantes y tratantes de armamento.

Por ello, y tras la movilización social y militar que ha derribado la presidencia de Mursi, el futuro de Egipto pasa necesariamente por una separación entre religión y Estado, y por un verdadero proceso de democratización del país que compatibilice el ejercicio del poder obtenido en las urnas con el respeto gubernamental hacia todos los Derechos Humanos.

 

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