El injusto Impuesto de Contaminación de las Aguas

16. mayo 2017 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Imaginemos un edificio dividido en 12 viviendas. Los propietarios de una de ellas, pongamos el 4ºA, deciden instalar una alarma para evitar robos en su piso. Una vez instalada y pagada, la comunidad de vecinos decide instalar alarmas en el resto de las viviendas, que deberán ser abonadas a escote por los propietarios de las 12 viviendas que componen el edificio.

Cuando los del 4ºA hacen la observación de que ellos ya tienen instalada la alarma, pagada de su propio bolsillo, y que por ello, no tienen la obligación de aportar dinero para la instalación de alarmas en el resto de los pisos, los demás habitantes del edificio les replican que la comunidad está por encima del individuo, y que son unos insolidarios porque no les importa la seguridad de sus vecinos.

Esto es, más o menos, lo que está pasando con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón a propósito del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA). A mediados de la década anterior, cuando ya hacía mucho tiempo que Zaragoza había construido su depuradora y estaba a punto de terminar de pagarla, el Ejecutivo autonómico PSOE-PAR aprobó su Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD), una iniciativa faraónica ideada por el PAR sobre los cimientos de la exigencia comunitaria de que los municipios de más de 2.000 habitantes depurasen sus aguas residuales antes de 2015.

Pero como Aragón era y sigue siendo una de las regiones más ricas y prósperas de la Unión Europea, el consejero Alfredo Boné no se conformó con este límite y propuso depurar las aguas de todos los municipios aragoneses, independientemente de su población. La broma sólo costaba unos 3.200 millones de euros que, por supuesto, el Gobierno de Aragón no tenía. Por ello, acudió a la iniciativa privada para ejecutar las obras en régimen de concesión durante 20 años.

Grandes empresas como Acciona, López Navarro, Aqualia, Isolux o Urbaser acudieron a la obra pública cual moscas a la miel, quizá sin sospechar que el plan tenía una pequeña trampa: para ser sostenible sobre el papel, hacía falta la contribución económica de los 650.000 habitantes de la ciudad de Zaragoza (aproximadamente, la mitad de todos los residentes en Aragón), y esa contribución no estaba nada claro que fuera a producirse, puesto que Zaragoza ya se había pagado su propia depuradora.

Desde aquel momento, la estrategia de Alfredo Boné y del entonces todopoderoso PAR fue atacar y presionar al Ayuntamiento de Zaragoza tachándolo de insolidario y de poco comprometido con la limpieza de los ríos aragoneses.

Más tarde, llegó un demoledor informe de la Cámara de Cuentas de Aragón, que desmenuzaba todas las chapuzas incluidas en el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.

Y así hasta nuestros días, con un gobierno autonómico de coalición PSOE-CHA empecinado en que Zaragoza pague lo que no le corresponde, y con un Ayuntamiento empeñado en que los zaragozanos y zaragozanas no se conviertan en los paganos de un plan desmedido, infundado, descomunal e insostenible.

En 2012, el entonces vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, calificaba el ICA como chantaje” y “expolio” contra los habitantes de la capital aragonesa porque Zaragoza “ya tiene su propia depuración hecha (y por la cual, Aragón puede presumir de que cumplimos con las normas de la UE), y eso lo han hecho los propios vecinos de Zaragoza solitos, con sus aportaciones económicas a este tema”.

Hoy en día, Fernando Gimeno es consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón y piensa todo lo contrario. Por eso, habría que saber si Gimeno está dispuesto a convertirse en el brazo ejecutor de los caprichos megalómanos de Alfredo Boné, o si por el contrario, abandona la idea de que los zaragozanos paguen dos veces por lo mismo.

 

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