El ocaso de los derechos

19. marzo 2012 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

El 12 de mayo de 2010, el entonces presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, subió a la tribuna del Congreso para anunciar, en contra de su voluntad, que la política económica de este país daba un giro de 180 grados. A partir de ese momento, sólo existirían recortes presupuestarios, atentados contra los derechos laborales, y obediencia ciega a cualquier “sugerencia” que los Mercados pudieran realizar.

Al día siguiente, CRÓNICA DE ARAGÓN tituló su editorial “Se acabó la democracia en España”. En él decíamos que el sistema político de nuestro país ya no se podía calificar como “democrático” puesto que, ganase quien ganase las elecciones, al final se iba a imponer la política económica ordenada por “unas entidades amorfas e impersonales llamadas ‘los mercados’, cuyos intereses priman sobre los de los pueblos soberanos”.

La realidad nos ha dado la razón.

Lo que no podíamos imaginar es que, cuando decíamos en ese mismo artículo que todavía existen “unos cuantos derechos y garantías constitucionales”, éstos se encontrasen ya en situación de busca y captura.

Las últimas declaraciones del presidente de la CEOE al diario ABC reclamando que se regule el derecho a la huelga, ya que “no se puede permitir que un grupito pueda llegar a paralizar un país”, constituye una agresión directa y consciente contra el derecho a la huelga reconocido en nuestra Constitución (art. 28.2). Rosell sabe perfectamente que los supuestos en los que los sindicatos obligan a los trabajadores a secundar una huelga son meramente anecdóticos frente a aquéllos otros en los que los patronos obligan a sus empleados a trabajar durante una huelga, bajo amenaza –más o menos velada– de males mayores.

En todo caso, el presidente de los empresarios españoles bebe del mismo discurso ideológico que la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes pretende sancionar a un jubilado con una multa de 2.000 euros por participar en las concentraciones pacíficas de apoyo al juez Garzón celebradas los días 31 de enero y 7 de febrero.

El origen de estos vientos antigarantistas hay que situarlo (cómo no) en Norteamérica, lugar donde el premio Nobel de la Paz, y sin embargo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, acaba de aprobar la Ley HR347, en virtud de la cual, cualquier persona puede ser condenada a un año de prisión por participar en una manifestación pacífica, y a diez en el caso de que las autoridades estimen que puede portar algún objeto susceptible de ser considerado como “peligroso”.

La imagen del actor George Clooney y de su padre siendo detenidos el pasado viernes por participar en una protesta pacífica contra la embajada de Sudán en Washington, es sólo un preludio de lo que está por llegar si la ciudadanía en pleno no toma hoy mismo cartas en el asunto para evitar un retroceso político, social y cultural de varias décadas. Mañana será tarde.

 

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