El “orden constitucional”

17. septiembre 2012 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Algunos dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español como Soraya Sáenz de Santamaría, José Bono o Alicia Sánchez Camacho han insistido durante los últimos días en que la apertura de un proceso independentista en Cataluña rompería el “orden constitucional”.

Resulta difícil encontrar un ejercicio de cinismo político tan intolerable, si tenemos en cuenta que el “orden constitucional” está roto desde hace años, y que quienes lo han roto han sido precisamente los últimos gobiernos del PP y del PSOE.

El “orden constitucional” dice en su artículo 47 que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Un precepto difícil de encajar con la burbuja inmobiliaria inventada por el tándem Aznar–Rato y tolerada por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.

El “orden constitucional” dice en su artículo 41 que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”. Tampoco tiene mucho que ver este artículo con una realidad compuesta por más de dos millones de parados que carecen de cualquier prestación o subsidio por desempleo.

El “orden constitucional” dice también en su artículo 35 que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”. Una realidad compuesta por 5,5 millones de desempleados y por varios millones más de trabajadores en precario con salarios cada vez más disminuidos contradice este “orden constitucional”.

Lo mismo podría decirse del artículo 50, que establece que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. La alarmante pérdida de poder adquisitivo de nuestros mayores, así como la función de protección social que ejercen hacia sus parientes jóvenes más desfavorecidos (después de que el Estado haya renunciado a desempeñar esa función) convierten este precepto en papel mojado.

El “orden constitucional” dice en su artículo 128 que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, y un poco más adelante, en el 131, señala que “el Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución”. Poco que ver con la actual política económica, orientada a meter la mano en el bolsillo de los trabajadores y pensionistas para salvar la cara de todos los inútiles que llevaron sus entidades financieras hasta la quiebra, tras haber abrazado el paradigma de la especulación inmobiliaria.

Pero una de las quiebras más pavorosas del “orden constitucional” se refiere al artículo 31, que dice que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Poco tienen de progresivos los impuestos indirectos sobre el consumo, que son los únicos que se atreve a subir el régimen de Mariano Rajoy mientras aprueba una amnistía fiscal para los grandes defraudadores, con un tipo inferior al que debe pagar cualquier trabajador en precario del país.

Así pues, en el caso de que una decisión democrática del pueblo catalán contradijera el artículo 2 de la Carta Magna, ese que habla de “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, no estaríamos más que ante el decimoquinto incumplimiento del “orden constitucional” durante las últimas décadas.

Otorgarle carácter preeminente sobre los demás, sería algo así como responder al cinismo con la desvergüenza.

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Comentarios cerrados