El país que no perseguía a sus genocidas

4. noviembre 2014 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Cuando quedan pocos días para que se cumpla el 39º aniversario de la muerte de Franco, todavía no ha entrado en las cárceles españolas ninguno de los torturadores y asesinos de la dictadura franquista. La flamante democracia española, que en estos momentos ocupa el puesto número 14 entre las economías del mundo, todavía no ha encontrado el momento oportuno para encausar, detener, juzgar y condenar a todos aquellos que utilizaron los aparatos del Estado para secuestrar, torturar y asesinar a los disidentes.

De hecho, ha tenido que llegar una jueza argentina llamada María Servini para ordenar a la Interpol que detenga a los exministros franquistas Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina (suegro del recientemente dimitido ministro de Justicia español Alberto Ruiz Gallardón), haciendo valer el principio de justicia universal. Bien al contrario, parece que la protección de la que disfrutaron los asesinos y torturadores del franquismo durante la Transición, sigue extendiéndose casi cuatro décadas después, a través de decisiones como el auto de la Audiencia Nacional que denegaba la extradición a Argentina de los presuntos torturadores del franquismo Antonio González (alias, Billy el Niño) y Jesús Muñecas, por considerar que no habían cometido genocidio alguno, y que por lo tanto, habían prescrito los delitos que pudieran haber cometido.

Esta impunidad debería avergonzar a los máximos responsables de las instituciones democráticas de nuestro país, aunque por otra parte, esta ruborización se antoja ciertamente difícil teniendo en cuenta que muchos de ellos no se inmutan ni siquiera cuando les pillan metiendo la mano en la caja del dinero público.

Treinta y nueve años en los que los gobiernos socialistas y populares no han encontrado la ocasión para impulsar un proceso penal contra los que practicaron el terrorismo de Estado en la España de Franco. Treinta y nueve años en los que los gobiernos socialistas y populares se han aferrado a la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977, sin tener en cuenta que ésta se encuentra derogada desde 1978 por la Disposición Derogatoria 3ª de nuestra Constitución, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.2 y 24.1 de la propia Carta Magna.

Treinta y nueve años durante los cuales España se ha presentado y se sigue presentando ante la comunidad internacional como el país que no perseguía a sus genocidas.

 

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